Sin duda que una de las instituciones que más responsabilidades tiene en el aumento de la delincuencia por su lento actuar y privilegiar sus intereses particulares por sobre los de la Nación, recién ahora se dan cuenta de la gravedad de la crisis de seguridad que se arrastra por años: La Cámara de Diputados.

En este contexto, los señores y señoras diputados este martes hicieron una «Sesión Especial» para tratar la situación de seguridad o inseguridad que vive Chile y por cierto lo hicieron desde la posición que el gobierno de turno es el único y gran responsable sin la más mínima cuya de autocrítica.

La puesta en escena -con show completo- contempló la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

El diputado Andrés Longton (RN), abrió el fuego criticando duramente al Gobierno mofándose de la recientes declaraciones señalando que, «a dos años de gobierno, las autoridades digan que estamos mejor que antes de acuerdo a la realidad en materia de delincuencia. Consideró aquello como “indignante” respecto a lo que los chilenos viven a diario que, incluso, corren riesgo de perder sus vidas».

Agregó que las víctimas están cansadas de la permisividad y complacencia, así como que se modifiquen las mediciones para decir que está todo bien. Acotó que contrasta con las cifras de delitos violentos más altas de los últimos 9 años: 194 mil casos y 1.200 homicidios al año.

Respecto a la migración, lamentó que en los últimos 2 años se superaron los 97 mil ingresos ilegales. Además, resaltó que las expulsiones administrativas pasaron de 32 a cerca de 400 a la fecha.

En esta misma línea la diputada Francesa Muñoz (PSC) agregó que la crisis de seguridad no es novedad para nadie. Indicó que, en 12 de 16 regiones, se incrementaron los delitos de mayor connotación. Principalmente, en Biobío, La Araucanía y Los Lagos, donde, además, hay violencia rural.

Sostuvo que no se puede normalizar que se encuentren partes de cuerpos dispersos, extorsiones, casas de tortura, balazos, ajustes de cuentas, explotación sexual, drogas y crimen organizado. “Nos estamos convirtiendo en tierra de nadie donde los ciudadanos no pueden salir a las calles”, recalcó.

Por ello, llamó en los dos años restantes del Gobierno a enmendar el rumbo y ejercer el rol constitucional que le corresponde en mantener el orden público y el resguardo de la seguridad de la ciudadanía. “Basta de excusas, se debe hacer un trabajo conjunto y avanzar de manera determinada y sin vacilaciones. Chile no soporta más la delincuencia y el crimen organizado”, enfatizó. Asimismo, llamó a utilizar las herramientas constitucionales que sean necesarias para dicho objetivo

A su turno el Gobierno entregó sus descargos

En representación del Ejecutivo desarrolló una extensa presentación la ministra del Interior, Carolina Tohá. Partió dando un contexto en el que se desarrolló la estrategia del Gobierno. Al respecto, comentó que en algunas cosas se ha avanzado, aunque reconoció que en otras no ha habido gran movilidad, mientras aparen también problemas nuevos.

Sostuvo que el problema más grave está dado con los homicidios violentos, empero reveló que el crecimiento se viene produciendo desde 2016. Acotó que en ellos se ha producido un incremento de armas de fuego y se han dado en mayor frecuencia en la vía pública.

A lo anterior se sumarían perfiles de delitos que antes no se conocían o eran poco frecuentes, como los secuestros (826 el año pasado, 132 del tipo extorsivos).

Recalcó que la política de seguridad no se había actualizado desde 2004. Ello se complicó, aun más, por efecto de la pandemia, donde las prioridades estuvieron puestas en salud y reactivación. Así, se descuidaron las inversiones necesarias en materias que en estos últimos años hicieron crisis.

Relató que la estrategia gubernamental tiene cinco líneas:

• Fortalecimiento institucional.
• Contar con una política específica contra el crimen organizado y control de armas.
• Intervenir los distintos territorios con planes concretos.
• Reforzar la prevención.
• Lograr acuerdos de Estado en materia de seguridad.

Entre las múltiples materias que detalló, dijo que, entre las acciones se contempla el fortalecimiento de las policías (equipamiento y personal) y Fiscalía. También se desarrolla la política nacional contra el crimen organizado (CO). Esta tiene 107 acciones y diez ejes (desbaratamiento del poder económico del CO, disminuir el poder de fuego, recintos penitenciarios, agenda legislativa, entre otros).

Igualmente, se refirió a las inversiones y destacó que, en los últimos años, se han entregado recursos históricos para estas materias. Solo en este año más de 78 mil millones de pesos. Pero remarcó que se requerirán más dineros para continuar con las acciones, si se quiere una respuesta más efectiva. Por ejemplo, para dar un salto en dotaciones policiales y acelerar los planes de compra.

Finalmente, entre otros datos, dijo que hubo una reducción de 18 mil ingresos ilegales y que las expulsiones administrativas son mayores que el promedio de los años anteriores