243 parlamentarios de toda Latinoamérica, anunciaron su pleno respaldo a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional «sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen del Gobierno venezolano, para exigir la responsabilidad de sus autores».
Parlamentarios de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay firmaron un comunicado que resalta su apoyo a las «investigaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que lleva a cabo actualmente en virtud del Estatuto de Roma, sobre los presuntos Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Gobierno venezolano para exigir la responsabilidad a sus autores«.
Por nuestro país firmaron 20 parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano.
El comunicado, dado a conocer este miércoles, considera que asimismo «la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante, manifestándose en más detenciones arbitrarias y otros crímenes establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, así como la persecución contra los miembros y directivos de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de DDHH o personas que se manifiestan o protestan pacíficamente en contra del Gobierno de Nicolás Maduro».
La Fiscalía de la CPI investiga los presuntos crímenes cometidos por funcionarios venezolanos al menos desde el 12 de febrero de 2014, incluidas graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución política, violencia sexual y torturas.
Pese a los intentos del gobierno venezolano de paralizar esta investigación, el pasado 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la CPI falló en contra de la apelación presentada por el Estado venezolano y ordenó al fiscal Karim Khan a continuar con la investigación.
Antecedentes sobre la situación en Venezuela
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000, lo cual habilita a la CPI a ejercer su jurisdicción sobre los crímenes contemplados en el Estatuto cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002.
El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía anunció la apertura de un examen preliminar de la situación en Venezuela, buscando “analizar los crímenes supuestamente cometidos en este Estado Parte desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”.
El 27 de septiembre de 2018, un grupo de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) remitió la situación la Fiscalía, solicitando el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Una remisión de un Estado Parte no conduce automáticamente a la apertura de una investigación, pero puede acelerar el proceso, ya que no se requiere autorización judicial de la decisión de la OTP según el Estatuto de Roma.
El 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que había una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017. El 5 de noviembre de 2021, el Fiscal Karim Khan anunció la apertura de una investigación sobre la situación en Venezuela, tras la conclusión de un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el Gobierno de Venezuela
