El Gobierno finalmente presentó la anunciada querella por el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, ocurrido la semana pasada en la comuna de Independencia.

La presentación, si bien ya había sido anunciada desde el Gobierno, se había mantenido pendiente hasta que la investigación del Ministerio Público y las policías arrojara mayor certeza sobre los hechos asociados, ya que se requería fundamentar adecuadamente el escrito, según comentaron la semana pasada autoridades gubernamentales en los pasillos de La Moneda.

Así, la querella va dirigida contra todos quienes resulten responsables de este delito, el que incluye un secuestro y porte ilegal de armas, señalando que el hecho genera un «inevitable temor en la población».

La acción señala que «cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en su conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie».

Se precisa que lo anterior obedece “a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos”.

En el documento se solicita que se despache una orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, para enumerar a los posibles testigos, se solicite la entrega de registros audiovisuales, además de que se realicen las diligencias necesarias para lograr esclarecer los hechos.