El Gobierno finalmente ingresó a la Contraloría General de la República 24 decretos para revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas en el marco del estallido social, los que se suman a otro tramitado anteriormente.

Se trata de personas víctimas del denominado Estallido Social del 18 de octubre que mantenían antecedentes penales por delitos de alta connotación como almacenamiento de imágenes de explotación sexual infantil y homicidio, entre otros.

Contraloría confirmó que el Gobierno ingresó 24 nuevos decretos revocatorios. De esta forma, son 25 los decretos que deben ser visados.

La Contraloría tiene ahora un plazo de 15 días hábiles para tomar razón de cualquier decreto.

El procedimiento fue llevado adelante por el Ministerio del Interior en medio de las críticas que apuntaban precisamente a la falta de celeridad en un proceso que el propio Presidente Boric había indicado que iba a dejar zanjado a inicios de febrero.

Cabe recordar que el Mandatario había confirmado su decisión, a fines de enero, de retirar 25 pensiones. En esa oportunidad, el Mandatario señaló que existe «un problema que viene de larga data».

«Las pensiones de gracia hay algunas que se entregaron en el Gobierno anterior, otras que se entregaron durante nuestro Gobierno, por lo tanto, hay un problema legal que va más allá de la responsabilidad de una persona, y eso es lo que estamos solucionando ahora», agregó.

De esta forma, se encuentran en revisión los documentos de 25 beneficiados del total de 27 que el Ejecutivo anunció que iba a revocar.