Este miércoles, la fiscal Ximena Chong, quien investiga por apremios ilegítimos en el marco del estallido social al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a la petición de este, quien solicitó que fuera removida por demostrar “odio” hacia la institución policial.
Al consultársele sobre la solicitud del jefe policial, afirmó tajantemente en CNN Chile que “nosotros no podríamos tener en ningún caso una actitud de resentimiento respecto de una persona jurídica”.
Asimismo, explicó que “la fiscalía no podría tener ningún tipo de resentimiento, y en todo caso la inhabilidad prevista en la ley orgánica está pensada para situaciones tanto de amistad íntima como de resentimiento en relación con personas naturales“.
Las polémicas declaraciones de Yáñez
Ayer se reveló que el general Yáñez, además de solicitar su sobreseimiento definitivo a fines de noviembre de 2023, también pidió al fiscal nacional Ángel Valencia la inhabilidad del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz y de la fiscal Ximena Chong, quien dirige las causas del estallido social.
De acuerdo a los abogados de Yáñez, los persecutores han demostrado una “enemistad, odio o resentimiento” hacia Carabineros, lo que justificaría su inhabilitación en esta investigación.
En el documento presentado por la defensa del general director, se alega que existe evidencia concreta que respalda la solicitud de remoción, insistiendo en que existe animadversión por parte de los fiscales hacia Yáñez y la institución en su conjunto.
La solicitud fue ingresada el pasado 25 de noviembre, y a la fecha, el fiscal Valencia no ha proporcionado una respuesta, lo que, según los abogados, contraviene lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Los abogados de Yáñez también expresaron su preocupación por la falta de respuesta, ya que la causa RITO-18930-2019, a cargo de los fiscales Armendáriz y Chong, tiene programada una audiencia para discutir el sobreseimiento total y definitivo del general director para el 19 de enero de 2024.
Consideran que la demora en la respuesta afecta las garantías constitucionales de Yáñez, en cuanto a ser juzgado en un plazo razonable y su derecho a la defensa.
