El Presidente Gabriel Boric hará uso de una facultad administrativa para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos, luego de que se conocieran varios casos de beneficiados condenados en el marco del estallido social.
Según explicó el subsecretario del Interior Manuel Monsalve durante su intervención en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados -en la cual se discute una reforma a la ley que permite otorgar estos beneficios- dio a conocer que «la disposición del Presidente Boric es entregar una facultad para revocar (los beneficios); segundo, que esa facultad sea retroactiva (…) y que el Presidente de la República no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa».
En ese contexto detalló que «todos saben que ha habido un debate jurídico respecto si hay facultades administrativas para revocar o no revocar las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaria pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas y constitucionales. La conclusión a la que tengo acceso hoy día es que las decisiones administrativas como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, por razones de mérito y por razones de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia».
Eso si, el subsecretario declinó entregar plazos al respecto: «No me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República (…) el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa, se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente lo va a usar lo antes posible».
Cabe recordar que en la Cámara se tramita actualmente un proyecto, refundido a partir de tres iniciativas impulsadas por la oposición -tras la polémica similar que hubo en septiembre del año pasado-, con el fin de impedir la concesión de pensiones de gracia a quienes registren antecedentes o condenas penales, y limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la entrega de la misma.
El Ejecutivo, en tanto, ingresó indicaciones para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes, una vez que se les otorgó la pensión de gracia, cometan delitos, y establecer como requisito la revisión de los antecedentes para el otorgamiento de éstas, pero sin prohibir su entrega en esos casos.
