Los diputados RN e integrantes de la Comisión de Seguridad, José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper, solicitaron este viernes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe acciones penales en contra de quienes resulten responsables por lo delitos de fraude, prevaricación administrativa u otros en el marco del otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido, solicitando también al Presidente Gabriel Boric rovocar dichos beneficios.

La decisión la adoptaron luego del demoledor informe de la Contraloría que dejó al descubierto que 58 beneficiarios registran historial delictivo, entre los que se incluyen casos de homicidio y pornografía infantil, entre otros.

En la petición presentada ante el CDE, los parlamentarios piden “a la deliberación del Consejo el informe final de auditoría N°419/2023 de la Contraloría General de la República y requerir del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Derechos Humanos todos los antecedentes necesarios a fin de evaluar el ejercicio de acciones penales en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos de fraude, prevaricación administrativa u otros que en la especie afectaren el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública”.

Suman en el escrito dejado en las oficinas del CDE, que “se haga presente al Presidente de la República la necesidad de dejar sin efecto los decretos que otorgaron las pensiones cuestionadas, deduciendo las acciones civiles necesarias para recuperar los recursos fiscales indebidamente percibidos”.

Lo cierto, según el documento de los parlamentarios, en representación de la bancada de diputados de RN, es que lo detallado por el informe de la CGR solo puede ser comparado con el denominado caso de “Falsos exonerados” que estalló en 2008, y que tras una auditoría de Contraloría se descubrió que muchos de los beneficiarios no reunían los requisitos legales.

En esta oportunidad, el informe de la Contraloría detalló que 58 beneficiarios registran antecedentes penales, mientras que un número importante de la muestra analizada –136 casos– dejó al descubierto la inexistencia de certificaciones que permitieran al INDH acreditar los daños. En otra decena de casos el INDH no realizó indagaciones para verificar los hechos.

En la presentación ante el CDE, y haciendo hincapié en el perjuicio fiscal al entregarse pensiones a personas que no cumplirían con los requisitos, y por lo mismo evitar que se ahonde en el daño económico al fisco “y relevar la primacía del Principio de Probidad Administrativa”, se pide al CDE que solicite todos los “antecedentes y deduzca las acciones penales y civiles que estime pertinentes para perseguir las responsabilidades que se desprendan de la entrega irregular de pensiones de gracia”.

Los legisladores de derecha también presentaron una denuncia en la Fiscalía Nacional por “los delitos de Prevaricación Administrativa y de Fraude al Fisco”, solicitando “disponer el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y perseguir responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible” en los mismos.

En el escrito a la Fiscalía se detalla que “las negligencias manifiestas” en la entrega de pensiones de gracia “a personas que no debían ser asignatarias”. Esto ha supuesto un enorme detrimento del Erario Fiscal.