En medio de la crisis de seguridad que vive el país, el recrudecimiento del crimen organizado y las nuevas formas delictuales importadas, donde el secuestro extorsivo causa especial preocupación en la ciudadanía por el aumento explosivo en los últimos años, varios diputados de forma transversal impulsan un proyecto de ley antisecuestro extorsivo «a la italiana», que busca congelar transitoriamente los bienes del secuestrado y su familia, con el objetivo de terminar con la proliferación de este delito como fuente de financiamiento de bandas criminales.

Los parlamentarios que impulsan este proyecto son Raúl Soto (PPD), Tomás Lagomarsino (PR), Marco Ilabaca (PS), Henry Leal (UDI), José Miguel Castro (RN), Andrés Longton (RN), Raúl Leiva (PS), Eric Aedo (DC), Miguel Ángel Calisto (CDU) y Érika Olivera (Demócratas).

«El secuestro extorsivo es una nueva forma delictiva que ha sido importada desde otros países, a propósito también de la crisis de inmigración irregular en Chile, que tuvo un aumento significativo durante los años 2022 y 2023, generando una especie de industria del secuestro extorsivo en Chile, como un medio que utilizan las bandas del crimen organizado para obtener financiamiento, para seguir cometiendo delitos, otros secuestros, narcotráfico, compra de armas y un sinfín de flagelos que ponen en riesgo a la sociedad y a los chilenos y chilenas«, sostuvo el diputado Soto.

El parlamentario afirmó que «lo que hace este proyecto, que presentamos un grupo transversal de diputados, recogiendo la experiencia italiana de los años ’90 con la proliferación del crimen organizado y las mafias, es cortar de raíz el negocio que hay detrás del secuestro extorsivo, facultando y entregando mayores atribuciones al Ministerio Público, para que pueda solicitar un congelamiento transitorio de los bienes y cuentas del secuestrado y su familia, de manera tal que la responsabilidad y la carga de la negociación no esté radicada en los familiares, sino que esté radicada en la autoridad competente que lleva a la investigación, que es la Fiscalía«.

«El año 2022 tuvimos un aumento de 68% de los secuestros extorsivos en Chile. Un caso emblemático fue el del empresario de Rancagua, cuya familia, si bien pagó, hasta el día de hoy los siguen extorsionando para tratar de seguir sacándole dinero. Queremos resguardar a los chilenos, protegerlos, que sea el Estado el que esté encima, y que también implemente mayor sofisticación en los procesos investigativos para su mayor eficacia”.

En ese sentido dijo que “lo conversé personalmente con el Fiscal Nacional Ángel Valencia, y con el jefe del Ministerio Público del Crimen Organizado, Ignacio Castillo. Ellos están recogiendo la experiencia y las recomendaciones de Italia en esta materia, en combate al crimen organizado y estas nuevas formas delictuales y han valorado esta iniciativa. Se han abierto a colaborar en la tramitación en la comisión para enriquecer el texto e intentar generar una ley que sea eficiente y que definitivamente nos permita controlar este aumento de secuestros en nuestro país. También lo hemos conversado con el gobierno porque creemos que es necesario que la legislación chilena se ponga al día para afrontar de manera adecuada y con manos firmes estas nuevas formas delictuales que tienen a los chilenos con mucho temor«.

Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) indicó que «para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, tenemos que tomar medidas excepcionales. Por lo tanto, nosotros hemos aceptado apoyar este proyecto del diputado Soto para dar una señal a quienes hoy día están haciendo un gran negocio a través de la extorsión. Queremos terminar con ese negocio, que sepan los delincuentes del crimen organizado que si este proyecto se convierte en ley, no va a haber dinero disponible para que ellos sigan amenazando, extorsionando a los chilenos. Ese es el objetivo final«.

En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) manifestó que «este es un proyecto de ley innovador e incluso contracultural. Va a establecer una medida cautelar real para la víctima y su círculo cercano, para efectivamente cortar estos recursos que eventualmente podrían hacer efectivo el pago de un secuestro, eliminando la comisión de este delito de manera reiterada. Por eso, eliminar la huella del delito, hacer esa trazabilidad, negar o congelar estos fondos para que efectivamente se realice un pago de un secuestro, es una medida importante, innovadora y que vamos a apoyar«.

En ese línea, el diputado José Miguel Castro (RN) añadió que «con el diputado Soto nos comprometimos en darle la celeridad máxima al proyecto que bloquea las cuentas bancarias de familiares de víctimas de secuestro de manera de que sea una piedra de tope, una muralla frente a la delincuencia, frente al secuestro. Y les decimos claramente, cuando hayamos tramitado este proyecto, a las Maras, a la mafia china, a todos aquellos que quieren lucrar con el secuestro, no va a haber dinero«.

Finalmente, el diputado Marco Ilabaca (PS) recalcó que «hoy en día existen situaciones delictivas que cada día asumen mucha más violencia. Uno de estos eventos es el secuestro extorsivo, por lo que desde el Congreso Nacional, de manera transversal, tenemos que dar una lucha frontal y directa hacia cada una de las figuras delictuales. Dentro de la discusión parlamentaria debemos mejorar, arreglar y vamos a entregarle al Estado todas las herramientas«.