La falta de independencia del poder judicial es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en América Latina, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional (TI) y en el que Chile, pese a ser solo superado por Uruguay en la región, cayó un lugar y fue puesto como uno de los países «a observar» tras el retroceso en los índices durante la última década.
El informe indica que los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como “más limpios” son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice. En el resto del continente, Canadá está con 76 puntos; y Estados Unidos y Barbados, con 69 ambos.
En los últimos lugares como los más corruptos de la región se sitúan Venezuela, con 13 puntos (que de paso sólo supera a Somalía en el listado mundial) y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).
En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).
Chile en el límite
Sobre nuestro país, a pesar de mantener una posición destacada en el IPC por la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia, también es considerado por TI como uno de los países “a observar”, al haber caído significativamente su puntuación desde 2014, «perdiendo su liderazgo regional».
Esto se debe a diversos casos de corrupción que han salpicado a figuras de casi todos los principales partidos políticos y muchas de las instituciones más relevantes del Estado.
En su estudio, TI recalcó que «este año, Chile tiene una oportunidad única de marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción e incluso frenar el crecimiento del crimen organizado si se aprueba la ley de registro de beneficiarios finales y se implementan las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia«.
Añade a continuación que «para mostrar resultados positivos también es necesaria la aplicación efectiva de la Primera Estrategia Nacional de Integridad, la modernización en áreas clave para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales«.
En ese contexto, Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI, se mostró convencida de que el país está posicionado para recuperar el liderazgo en la región al contar con instituciones mucho más fuertes que el resto de países y un sistema de pesos y contrapesos que funciona mejor, además de una nueva estrategia nacional de anticorrupción.
La caída de la independencia judicial
El informe de TI subraya que la falta de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y criminales.
En este sentido, abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región -la de las Américas, que incluye 32 países- cuyo promedio se mantiene en 43, agrega la ONG con sede en Berlín.
En lo que respecta a Venezuela y Nicaragua, los países que al igual que en años anteriores peor puntuación obtienen, “estamos hablando de dictaduras”, donde no existe ningún tipo de división de poder, reina la opacidad y las fronteras entre lo legal y lo ilegal “son extremadamente difusas”, dijo Luciana Torchiaro.
