Diputados RN representados por el jefe de bancada Frank Sauerbaum, Marcia Raphael, Ximena Ossandón y Miguel Becker, oficiaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que represente al Gobierno “la necesidad de tolerar la crítica a su gestión”, luego del exabrupto de la ministra del Interior, Carolina Tohá, contra una concejal en Renca.
Asimismo, también piden que ponga en conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, “los dichos vertidos por la Ministra del Interior y Seguridad Pública en contra de una ciudadana, así como las restantes vulneraciones a la libertad de prensa y expresión protagonizadas por el propio gobierno”.
En el escrito enviado a la directora del INDH, Consuelo Contreras Largo, se especifica que “desde su asunción, el actual gobierno ha protagonizado una serie de desencuentros tanto con medios de prensa, como con ciudadanos que ejercen legítimas críticas a su desempeño”.
Incluso se indica que del propio Presidente Gabriel Boric “es posible citar episodios en que se ha increpado a periodistas, se les ha ridiculizado en público mientras ejercen su rol inquisidor o aquel en que la más alta investidura del país utilizó sus redes sociales para atacar a un medio de prensa escrito (La Tercera) en particular”.
Actitudes como las descritas afectan “un valor esencial para toda democracia, como lo es la Libertad de Expresión, de la que emanan garantías también esenciales como la Libertad de Prensa o de emitir información”. Derechos, se añade en el escrito, “reconocidos en todo el Sistema Universal e Interamericano de protección a los Derechos Humanos”.
Luego se relata el incidente en que la ministra Tohá denosta a la concejala de Renca con la frase: “qué show más patético, huevona…”, precisando que “este hecho -precisa el documento- afecta de manera seria la convivencia democrática en nuestro país (…) peor todavía, tiene su origen en la conducta de una alta autoridad del Estado de la que se espera parsimonia y transversalidad en su obrar”. Y agrega que “una Ministra que insulta a los ciudadanos que se dirigen a su persona de manera respetuosa da cuenta de un germen de déficit democrático que no puede seguir profundizándose”.
Se indica que el Estado tiene el “deber” de garantizar la libertad de expresión y la libertad de información, y que existe “jurisprudencia a nivel interamericano y nacional que dan cuenta como la libertad de expresión se impone por regla general frente a otros derechos tratándose de críticas a la función pública”.
Concluye el oficio que “solicitamos a este organismo (INDH) representar al gobierno la necesidad de tolerar la crítica a su gestión, en cuanto presupuesto de una sana convivencia, y colocar en conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los dichos vertidos por la Ministra del Interior y Seguridad Pública en contra de una ciudadana, así como las restantes vulneraciones a la libertad de prensa y expresión protagonizadas por el propio gobierno, para que se adopten las actuaciones necesarias en protección de tan importante derecho esencial”.
