Los diputados de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira, acudieron esta mañana a La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, donde le solicitan -con carácter de urgente- adoptar una serie de medidas administrativas y legislativas con el fin de enfrentar la grave crisis migratoria y de seguridad por la que actualmente atraviesa el país.

Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente ineficientes e ineficaces” las acciones que ha emprendido el Gobierno, los parlamentarios gremialistas anunciaron el envío de una reforma constitucional para ampliar de cinco a diez días -con la posibilidad de extenderse por cinco más- el plazo de detención de los extranjeros con órdenes de expulsión pendientes, luego que este jueves las autoridades advirtieran que los 60 venezolanos que iban a ser deportados a su país, pero cuyo aterrizaje fue negado por el gobierno de Maduro, podrían quedar libres dentro de los próximos cinco días.

Pero además, para evitar que a futuro sigan ocurriendo situaciones como la anterior, los diputados de la UDI también propusieron la creación de un Centro de Retención Transitorio en la zona norte del país, donde puedan permanecer no sólo los extranjeros con órdenes de expulsión vigentes y a la espera de ser deportados, sino que también las personas que ingresen de manera irregular a Chile.

“Estamos presentando un conjunto de propuestas para enfrentar la migración irregular y la delincuencia que afecta a nuestro país. Lamentablemente, lo que hemos visto en las últimas horas con el fallido vuelo a Venezuela es un espectáculo absolutamente vergonzoso, y el Gobierno tiene la obligación de reaccionar. Hoy es fundamental que las autoridades entiendan que estamos viviendo una situación completamente grave y que la única manera de solucionar esta crisis es endureciendo la mano y adoptando acciones de carácter radical”, manifestaron los diputados gremialistas.

En esa línea, los parlamentarios también emplazaron al Gobierno a otorgar máxima urgencia legislativa a un proyecto que ingresaron en julio del año pasado, y que establece la obligación del Presidente de la República de expulsar en un plazo de 60 días a todos los extranjeros condenados por robo, hurto o delitos contenidos en la Ley 20.000.

Lo anterior -explicaron los diputados Coloma y Moreira-, no sólo con la finalidad de disminuir la población penal que existe actualmente y que mantiene a las cárceles con un alto nivel de hacinamiento, sino que también para evitar que los extranjeros continúen cometiendo distintos delitos al interior de los recintos penales, como las extorsiones y amenazas contra los propios reos.

“El Gobierno no puede seguir actuando con total indolencia frente a un tema que está perjudicando gravemente la vida de los chilenos. Aquí se necesita expulsar de forma inmediata a todos los extranjeros con órdenes pendientes y a los que han cometido delitos menores, y vamos a agotar todas las instancias hasta que las autoridades cumplan con aquello”, reiteraron los parlamentarios.