(De Ecocéanos)

Las patronales salmoneras al igual que en las mortalidades masivas de peces del 2016 en el mar interior de Chiloé y el Estuario de Reloncaví vuelven a instalar el discurso del cambio climático como el factor determinante asociado a la ocurrencia, frecuencia e intensidad de las Floraciones de Algas Nocivas (FAN), evitando asumir la insustentable y destructiva forma de producción y expansión de la salmonicultura industrial en Chile.

Mediante una manipuladora estrategia comunicacional que enfatiza sus pérdidas económicas, intentan perfilarse como los principales perjudicados por esta nueva FAN, evitando relevar los graves impactos ecosistémicos y sobre asociados a las mortalidades masivas, y a la logística que implica su retiro, manejo y disposición.

El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, afirmó que “a pesar que las causas de una FAN son complejas y multifactoriales y han precedido a la exponencial expansión salmonera industrial en el sur del país, su extensión, intensidad y niveles de toxicidad se han incrementado de manera exponencial hasta la presente década, asociada a la contaminación orgánica y el exceso de nutrientes (nitrógeno y fósforo) que la salmonicultura intensiva ingresa a los ecosistemas acuáticos. Esto, debido a la emisión de fecas de los salmones y el alimento no ingerido que cae a la columna de agua -especialmente en las áreas de alta concentración productiva-, lo que constituye un factor que gatilla y/o facilita los episodios de FAN, aumentando aparición y frecuencia en zonas donde antes no se reportaban”.

“Las comunidades costeras, ciudadanos y movimientos socioambientales de la región de Los Lagos no pueden aceptar como “un riesgo a asumir y compartir” este nuevo evento de mortalidad masiva de salmones en Reloncaví, tal como lo hacen las patronales salmoneras y la institucionalidad gubernamental, la que ha permitido el incremento de las producciones acuícolas en zonas vulnerables al cambio climático y proclives a eventos de FAN como son los fiordos y estuarios” señaló el médico veterinario de la Universidad de Chile.

Las comunidades costeras han manifestado su preocupación sobre el papel que adoptan organismos públicos, como la Subsecretaría de Pesca, Sernapesca y Directemar, en favor de los intereses salmoneros, cuando existen situaciones de graves pérdidas o alteraciones del medio ambiente acuático, la salud pública y los derechos de las comunidades costeras.

También existen dudas respecto de si los principios ambientales de la Ley General de Pesca y Acuicultura, desde la cual nace la regulación de la actividad salmonera, están o no jugando algún papel en la administración acuícola. Esta ley tiene por objetivo explícito “la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos”, para lo cual debe aplicarse “el principio precautorio, el enfoque ecosistémico y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos” (artículo 1º B). Tales objetivos no se cumplen como criterio orientativo de las decisiones de los órganos públicos sectoriales cuando se trata de ecosistemas acuáticos frágiles, como el estuario de Reloncaví, o en los casos de mortalidades masivas ocurridas el 2016 en el mar interior de Chiloé, Estuario de Reloncaví, fiordo Comau o los canales Puyuhuapi y Jacaf.

¿Qué sucede con las normas ambientales y de adaptación al cambio climático para la industria salmonera?

Para no repetir la tendencia a la reactividad y tardanza en los cambios regulatorios para la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad acuática, características de la normativa acuícola y ambiental chilena, la reactivación del proyecto de ley que “establece normas ambientales y de adaptación al cambio climático para la actividad de acuicultura”, boletín Nº12.634-12 (refundido con el boletín Nº12.605-21), es una oportunidad para avanzar en el control de los impactos de la mega industria salmonera en Chile. Este proyecto se mantiene congelado en su tramitación legislativa desde junio de 2019 en el Senado.

Demandas ciudadanas para la defensa ambiental

El Centro Ecoceanos, junto con comunidades costeras y movimiento socioambiental, exigen al Estado chileno:

Moratoria a la expansión productiva y territorial de la industria salmonera, la salida de los centros de cultivos de los ecosistemas vulnerables y áreas marinas protegidas y el cierre de las concesiones con causales de caducidad en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

No entrega de aumentos de biomasa a cosechar en centros de cultivo y agrupaciones de concesiones o barrios.

Desafección de áreas establecidas como “Apropiadas para la Acuicultura” en zonas especialmente sensibles al cambio climático, o a impactos antropogénicos de acuerdo a su capacidad de carga.

Prohibición al desarrollo de actividades de acuicultura en áreas protegidas de acuerdo a los criterios y directrices recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Obligación de todo nuevo proyecto de cultivo de salmones a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos acuícolas antiguos, al existir cambios sustanciales en las condiciones ambientales bajo las cuales fueron originalmente aprobados.

Ampliación de las causales de caducidad de las concesiones acuícolas con reiteración de Informes Ambientales (INFAs) negativos.