viernes, mayo 10, 2024

Impresentable asombro político por secuestros: Desde 2017 son 1.925 los secuestros según las policías ¿Y recién se sorprenden por los últimos 3?

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Algo no cuadra en el –llamémoslo así- cínico asombro de la mal llamada (DES)clase política, que en los últimos días han rasgado vestiduras y han hecho gárgaras de asombro por los últimos 3 secuestros  (Empresario en Rancagua y dos en Iquique) como un delito nuevo en el país, cuando las cifras oficiales demuestran lo contrario y que no se le prestó atención en su debido momento y no le prestaron atención justamente los señores políticos de todos los sectores y que ahora aprovechan para culpar a las autoridades de turno.

En enero pasado la PDI informó que en 2022 se registraron 46 secuestros, que comparado con el año anterior significó un aumento del 76,9%. Por su parte, Carabineros lleva registro desde 2017 y hasta 2022 se denunciaron  1.925 de estos delitos.

Solo (dinero a cambio) explicó el general Enrique Monrás, director de Orden y Seguridad de Carabineros, y es en la Región Metropolitana donde se registra el mayor número de casos.

Negociador de la PDI para delitos de secuestro. (Foto: PDI)

Reporte PDI 2021

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), la unidad que trata los secuestros en Chile reportó en julio de 2021 que “este delito que, en los últimos años, ha visto incrementados los niveles de violencia”.

“Según las estadísticas de la BIPE Metropolitana, de 297 concurrencias por secuestro, llevadas a cabo desde enero de  2016 a la fecha, cerca de un tercio (32%) correspondieron  a secuestros reales.  Y entre éstos,  un  47% (98 casos) tuvieron como móvil la “narco-extorsión”, reportó la institución policial.

La PDI aporta otro dato relevante: “Las cifras relacionadas a las investigaciones de la BIPE Metropolitana indican que, respecto a la participación de extranjeros en los delitos de secuestro, en 2019 se detuvo a 9 personas con esta calidad, de un total de 27. Al año siguiente, 3 de 21 y, en lo que va del 2021, 1 de 9.  Sus países de origen son Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y República Dominicana”.

 

Es decir con esta información ya histórica se demuestra la total pasividad de los políticos y de la Justicia ante este delito que ahora sorprende pero que ya se había instalado en Chile.

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