Luego del polémico debate sobre la obligación del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, de concurrir a la Comisión Investigadora por el Caso Convenios que se generó tras desistirse de participar en dos ocasiones y q ue llevó a los integrantes de la instancia a concurrir al pronunciamiento del Contralor General, este zanjó las dudas y aclaró que Crispi sí debe rendir cuentas por sus acciones, por lo que los diputados de RN emplazaron al Gobierno a terminar con el blindaje.

La máxima autoridad fiscalizadora, Jorge Bermúdez, quien expuso en la CEI respondió a las consultas y dijo que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar. (…) eso independiente de la nominación de su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”.

Por lo anterior, José Miguel Castro y Juan Carlos Beltrán, junto al jefe de bancada, Frank Sauerbuam y Sofía Cid, instaron a las autoridades a entregar información y a asumir sus responsabilidades.

En este sentido, Castro dijo que “nos damos cuenta que las defensas corporativas que se hacen por parte de tres ministros de Estado al exdiputado Crispi, la verdad es que no se sustentan para nada. Hemos visto cómo el Contralor habla de que es más importante la función que la denominación de cualquier empleado público. El señor Contralor de la República ha venido a este Congreso Nacional 180 veces y el exdiputado Crispi no se ha dignado a venir, a comparecer, a hablarnos, a explicarnos y a ayudarnos en la investigación que estamos haciendo, me parece impresentable”.

Castro aseguró que el funcionamiento de la comisión se extenderá por 10 días y se espera que a fin de mes la Contraloría remita un informe sobre las transferencias de dineros de los gobiernos regionales.

Por su parte, Beltran añadió que “tal cual lo he señalado y en mi concepto, Miguel Crispi es funcionario público porque recibe una remuneración del Estado, utiliza los bienes del Estado de Chile, más aún el Palacio de La Moneda, y utiliza un correo institucional. Eso ha sido hoy día reforzado, y lo tengo muy claro, por parte del contralor Jorge Bermudez, que señala claramente que cualquier persona en un Estado democrático tiene el deber de rendir cuentas, independiente de la denominación del cargo. Yo creo que eso es clave, preciso, y señala él mismo que es la regla general. Es decir, aquí nadie está por sobre la ley, y menos un funcionario que trabaja en el Palacio de la Moneda”.

Bermúdez también se refirió a las modificaciones que realizó la Dirección de Presupuestos, liderada por Javiera Martinez, entre los años 2022 y 2023, donde a su juicio “hubo una tendencia por parte del Ejecutivo a alivianar la ley de presupuestos”.

Al respecto, Sauerbaum señaló que “lo que ha hecho hoy día el Contralor en la Comisión es venir a darnos la razón. Nosotros le dijimos al gobierno que se habían cometido una serie de errores, el gobierno no ha querido acceder a ello y ha dicho que la directora de presupuesto es la mejor del mundo mundial, como ha dicho el ministro de Hacienda”.

Tanto Sauerbaum como Castro coincidieron en que durante este tiempo se han relajado los controles.

“Pero esto tiene un nombre, con nombre y apellido, que es la directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez, quien ha tendido justamente a generar un caldo de cultivo, un medio ambiente propicio para que se genere esta clase de aberraciones como la hemos visto en términos de desfalco y de corrupción”, dijo Castro.

Mientras Sauerbaum agregó que “hoy día la opinión que ha hecho el contralor es contundente respecto de los relajos que hubieron para entregar recursos arbitrariamente, sin pasar por una serie de fiscalizaciones y una serie de organismos contralores que debieron haberse pronunciado. No sé qué más espera el gobierno para removerla y por lo menos pasar la ley de presupuesto con un grupo de personas que la pueda reemplazar, ya que hay mil modificaciones que esta ley requiere que discutamos en la sala y también en las comisiones mixtas”.

Finalmente, Cid añadió que “hoy día en la Comisión Especial Investigadora de Caso Convenio, el Contralor de la República nos dio la razón. Aquí Crispy como la directora Javiera Martínez, tienen que dar explicaciones en la Comisión de la Ciudadanía. Obviamente el Gobierno debería sacarla, nosotros lo dijimos antes del presupuesto, durante el proceso del presupuesto, su figura y su permanencia en el cargo enreda la discusión del presupuesto de todas maneras, es algo que nadie lo puede negar, así que yo creo que aquí el Gobierno tiene que definitivamente tomar cartas en el asunto y removerle al cargo”.