El diputado RN y presidente de la Comisión Investigadora sobre el denominado “Caso Convenios”, José Miguel Castro, remitió antecedentes para que el Ministerio Público abra una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos traspasados o adjudicados a la “Fundación Daya” al menos en 11 municipios a lo largo del país, entre los que figura el de Tocopilla.

El organismo, fundado y presidido por la actual diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), y sus familiares cercanos está en el ojo del huracán por indicios de problemas e inconsistencias en la rendición de fondos que han sido transferidos o adjudicados.

Según consta en datos que circularon profusamente por la prensa, se estima que más de 170 millones de pesos habrían sido utilizados para fines diferentes a los previstos en su otorgamiento.

Aproximadamente $200 millones aún no han sido debidamente acreditados por la organización no gubernamental (ONG). Los municipios involucrados en esta controversia son Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal.

El supuesto incumplimiento de tratamientos relacionados con el uso medicinal del cannabis en estos municipios ha generado preocupación, ya que afecta a pacientes que habían visto en estas terapias una esperanza para aliviar sus dolores y condiciones médicas.

Castro ha expresado su inquietud por la gravedad de la situación y la necesidad de aclarar cualquier posible malversación de caudales públicos u otros delitos que puedan estar comprometiendo los recursos de la nación, razón por la cual remitió los antecedentes al Ministerio Público. Además, subraya la importancia de brindar transparencia y respuestas rápidas a las expectativas de los pacientes afectados.

“Como presidente de la comisión que investiga las diferentes fundaciones denunciadas por mal uso de fondos, solicito que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación exhaustiva para aclarar el uso de los recursos traspasados o adjudicados a la Fundación Daya por parte de los municipios mencionados. Es esencial garantizar la confianza en el uso adecuado de los fondos públicos y el bienestar de quienes dependen de estos tratamientos”, declaró.

Finalmente, el legislador señaló que “la sociedad chilena espera una pronta y rigurosa investigación por parte del Ministerio Público para esclarecer esta situación y garantizar la integridad de los recursos públicos asignados a proyectos de interés social y comunitario”.