El ministro de Justicia, Luis Cordero, blindó este lunes al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, tras la polémica por no asistir a la Comisión Investigadora del Caso Convenios, afirmando que su cargo no califica como funcionario público, pero advirtió que la acción que están haciendo los diputados traerá consecuencias para los futuros gabinetes.
Así lo planteó en conversación con radio ADN, indicando que Crispi “no califica como funcionario público”.
“Es una discusión jurídica de dos órdenes. Hay una jurisprudencia muy antigua de Contraloría que no los califica como funcionarios públicos, pero que le ha ido imponiendo progresivamente obligaciones públicas a los honorarios”, sostuvo.
Cordero también cuestionó que los parlamentarios hayan recurrido a la Contraloría, afirmando que “una reflexión un poco más profunda tiene que ver con el estatuto que tienen los asesores presidenciales. No sé si este mismo ejercicio lo hubiésemos hecho con administraciones anteriores del mismo modo”.
“Los buenos casos hacen mal derecho y fijar un precedente en este caso, con indiferencia si es Miguel Crispi o no, tiene una consecuencia para los futuros gabinetes”, precisó.
