Desde la familia, señalaron que la audiencia con el secretario de Estado tuvo como objetivo profundizar los aspectos de la iniciativa, entregar cifras y mostrar la actual legislación comparada sobre la materia.
Como unpositivo encuentro destacaron los impulsores del proyecto de Ley Jacinta, Max Schnitzer, la abogada Liza Lucero y Emilia Segura de la plataforma Change.org, quienes acompañados de la diputada Erika Olivera se reunieron con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, con el objetivo de explicar los alcances de la iniciativa que busca modificar los requisitos para obtener la licencia de conducir en adultos mayores y lograr un apoyo integral a las víctimas de accidentes viales.
En una nueva audiencia previo a la discusión del texto legal que se dará en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, tanto la familia como la parlamentaria sostuvieron que la reunión con el secretario de Estado permitió presentar las dos almas del proyecto, entregar cifras, mostrar la actual legislación de otros países y pedir apoyo para sacar adelante la propuesta legislativa.
Al respecto, la diputada Erika Olivera señaló que “hemos venido a solicitar que el Ejecutivo, a través del ministro, puedan analizar el proyecto, revisar en su articulado y después de ese análisis poder llevar el proyecto a tabla y para eso necesitamos del apoyo del Ministerio (…) El ministro se comprometió a analizar los datos, se comprometió a analizar el proyecto y se mostró muy abierto a apoyar la iniciativa”.
En la misma línea, el abuelo de Jacinta, Max Schnitzer, quien ha seguido de cerca todo el trabajo en la redacción del proyecto y los nuevos cambios, precisó tras el encuentro que “esta ley es una ley de prevención y sobre todo también de cuidar a las víctimas. Hemos trabajado en varios puntos, el ministro nos escuchó con mucha atención, creo que le gustó mucho el proyecto, quedó de analizarlo, de revisarlo y seguramente cuando tenga todos los antecedentes podrá tomar una decisión de apoyar para que se pueda avanzar en la Cámara”.
Dos almas
Tras la reunión con el secretario de Estado, en el centro de Santiago, que se extendió por cerca de una hora, la abogada de la familia, Liza Lucero, explicó que el proyecto de ley tiene dos partes.
“La primera es la prevención, ojalá poder evitar que sucedan accidentes a través de un certificado médico que declare que la persona es apta físicamente para conducir un vehículo motorizado. Actualmente, el proyecto está orientado para las personas mayores de 65 años, pero las sugerencias que nos han hecho tanto diputados que nos hemos reunido de todas las bancadas, además de las instituciones como Conaset, Automóvil Club y Fundación Emilia, es que extendamos este certificado para todas las personas desde los 18 años en adelante”, sostuvo.
“Y la segunda parte -sostuvo Lucero- es la protección de la víctima. En caso de si se produce el accidente en cuanto a cautelares reales, o sea prohibición de celebrar actos y contratos, para garantizar el pago de una futura indemnización, en el caso que la persona sea condenada”.
En ese sentido, la abogada enfatizó que “se ha visto muchas veces que los procesos judiciales son lentos y en el intertanto el imputado se va deshaciendo de sus bienes y cuando llega el momento de pagar no tiene nada y eso significa un doble daño, una doble victimización para esa persona. La idea es evitar que eso pase y cuando llegue el momento con la sentencia que pueda cobrar su indemnización para paliar en parte el dolor de la pérdida de un ser querido”.
Por último, desde Change.org, la vocera Emilia Segura destacó el respaldo que ha logrado la familia con la solicitud que ingresaron este año, por cuanto “es la petición más firmada este 2023, donde más de 116 mil personas la han apoyado. Esperamos que este proyecto de ley siga avanzando, ya que esta petición tiene gran apoyo ciudadano”.
Al igual que hace unos días, cuando se reunieron con un grupo de diputados y con el senador Francisco Chahuán para dar a conocer el proyecto y pedir apoyo, la familia seguirá acercando la propuesta a los parlamentarios con el propósito de visibilizar el texto legal.
