El Gobierno anunció este martes que impulsará una agenda legislativa con la intención de poder levantar parcialmente el secreto de los informes que se elaboraron en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o “Comisión Valech”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que “la finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer. De modo que esa información pueda ser revelada, en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes, con previo consentimiento de las víctimas o sus herederos”.

En ese sentido, explicó que “se establecerá la facultad de para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad”.

Cordero explicó que se propondrá que se respete la voluntad de las víctimas “que los tribunales de justicia, al igual como sucede en el caso de Valech II, se pueda permitir el acceso a los antecedentes que ahí se encuentran”.

En tanto, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que se trata de avanzar en una “robusta agenda de derechos humanos que permita sentar las bases para que nunca más se cometan las atrocidades que el país sufrió en el contexto de la dictadura”.

El secretario de Estado explicó que esta agenda comprende cinco materias como “la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal, el levantamiento para el Plan Nacional de Búsqueda del secreto vinculado a la información contenida en la llamada Comisión Valech, el Plan Nacional de Memoria y Patrimonio y la eliminación de la restricción de la información que existen respecto a la leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto o reservado con circulación restringida”.

Consultado Elizalde por el levantamiento del secreto y si este no sería romper un compromiso con las personas que decidieron entregar su testimonio porque iba a estar resguardado, el titular de la Segpres dijo que “no, porque dijimos que eran las víctimas la que iba a tomar la decisión final”.