El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y el representante legal de la cuestionada fundación “Democracia Viva”, Daniel Andrade, ambos como autores del delito de fraude al Fisco, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación penal que sigue el Ministerio Público.
La acción fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta y se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos.
En dicho marco, Contreras habría procedido de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal.
En ese contexto, de acuerdo con lo señalado en la querella, se suscribieron tres convenios de transferencias de fondos con la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade Schwarze, con quien el exseremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello un perjuicio fiscal de a lo menos $391.768.516.
Sobre ello, el presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que “estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
“La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal”, añadió.
Demanda Civil
Hay que recordar que el CDE presentó el martes pasado, ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, una demanda civil en contra de la “Fundación Democracia Viva”, solicitando se le condene a restituir al Fisco la suma de $391.768.516.
La demanda se presentó luego que el tribunal concediera la medida prejudicial precautoria de retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación, solicitada por el CDE el pasado 27 de julio, y se funda en un cúmulo de antecedentes que corroboran el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por ésta en virtud de tres convenios celebrados con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el SERVIU de la Región de Antofagasta.
