Mediante un detallado informe de siete puntos, la bancada de diputados RN expresó su profunda preocupación y desacuerdo con la propuesta de legislación antiterrorista presentada por el Gobierno, ya que tras un exhaustivo análisis, se identificaron una serie de deficiencias (7) que ponen en entredicho la eficacia de la propuesta y su capacidad para fortalecer la persecución penal de delitos terroristas en Chile.

Según señalaron en el análisis, “la propuesta de legislación antiterrorista presentada por el Gobierno no cumple con los estándares internacionales, aumenta la complejidad en la persecución penal, omite aspectos clave y no ofrece las herramientas necesarias para combatir eficazmente el terrorismo. Instamos al Gobierno a reconsiderar esta propuesta y a trabajar en una legislación que sea verdaderamente efectiva en la lucha contra el terrorismo y que cumpla con las obligaciones internacionales y constitucionales de Chile”.

El jefe de la bancada, Frank Sauerbaum, dijo que «tenemos dudas acerca de la propuesta del gobierno y de cómo, lejos de mejorar la situación, puede terminar empeorándola, insistiendo en fórmulas en las que hay que indagar en el ánimo o la subjetividad del terrorista, sumando ahora la necesidad de probar todos los elementos propios de una organización a partir de la decisión que tomó el Ejecutivo de basarse en una legislación que se centra en el terrorismo como un delito propio de organizaciones criminales complejas«.

Por su parte, la subjefa Marcia Raphael, agregó que «el proyecto de ley del Ejecutivo no solamente parece complejizar aún más la posibilidad de obtener condenas por delito terrorista, sino que además pareciera contravenir norma expresa de la Constitución, incumpliendo además obligaciones contenidos en tratados internacionales«.

Todo lo anterior, fue precisado en los siguientes puntos:

Incumplimiento de obligaciones internacionales: La propuesta no cumple con las obligaciones internacionales asumidas por Chile en relación con la lucha contra el terrorismo. Diversos instrumentos internacionales exigen que los países posean una legislación antiterrorista efectiva y especializada. Esta propuesta no sólo falla en cumplir con los requisitos internacionales, sino que también impone cargas adicionales al Estado de Chile al no incorporar figuras delictivas que son necesarias para la cooperación internacional y la extradición.

Mayor complejidad en la persecución penal: La propuesta aumenta la complejidad en la persecución penal al enfocarse en la sanción de la pertenencia a organizaciones criminales terroristas. Esto agrega dificultades probatorias significativas y puede hacer que la persecución sea aún más complicada. Además, diferencia la gravedad de la sanción según el rol de la persona dentro de la organización, lo que complica aún más la aplicación de la ley.

Omisión de sanciones para actos preparatorios: La propuesta omite sanciones para actos preparatorios de delitos terroristas, como la conspiración. Esta omisión es excepcional en el derecho penal y no se ajusta a la gravedad de estas conductas.

Falta de delitos terroristas Per Se: La propuesta carece de figuras que constituyan delitos terroristas por la utilización de medios catastróficos y su potencialidad mortal o lesiva. Esto va en contra de los tratados internacionales suscritos por Chile y no satisface las necesidades de una legislación antiterrorista efectiva.

Falta de herramientas especiales de investigación: La propuesta no contempla herramientas especiales en materia investigativa o procesal que reflejen la particular peligrosidad de las conductas terroristas. Esto pone en duda la capacidad del Estado para combatir eficazmente el terrorismo.

Promesa falsa de mayor eficacia: A pesar de declarar flexibilizar la legislación, la propuesta no logra aligerar y objetivar el estatuto penal antiterrorista. Esto podría llevar a la no aplicación de la ley debido a la alta posibilidad de no cumplir con los requisitos probatorios.

Transgresión del mandato constitucional: La propuesta parece transgredir el mandato constitucional al regular conductas terroristas y su penalidad en una ley de quórum calificado. Nuestra Constitución establece claramente la necesidad de una ley de quórum calificado para este propósito, lo que no se cumple con esta propuesta.