El diputado RN y quien ejerce como presidente de la comisión investigadora del Caso Fundaciones, José Miguel Castro, emitió una declaración en la que intenta explicar la información que lo salpica en medio de la polémica por tratos directos, debido a que la Seremi de Salud de Antofagasta usó uno de estos resquicios legales con el Hotel Alto del Sol, en donde su esposa Vania Korlaet es parte de la sociedad que administra la hostería.
Como dice el dicho, Castro se complica más de la cuenta al explicar los hechos expuestos esta jornada, indicando en una declaración pública que “durante la pandemia y emergencia sanitaria del Covid-19, todos los contratos celebrados por parte del Estado de Chile fueron suscritos mediante la modalidad o vía de trato directo, debido a que justamente la emergencia sanitaria requirió la adopción de medidas urgentes y de ejecución rápida”.
Agrega que “previo a la celebración del contrato en cuestión, la Contraloría General de la República visitó el hotel a fin de verificar que el recinto cumplía con las exigencias necesarias para dar cumplimiento como residencia sanitaria, para luego visar las instalaciones para el propósito requerido”.
“Con fecha 26 Abril del año 2020, envié un oficio al Ministerio de Salud y Seremi de Salud de Antofagasta, informando sobre el parentesco de mi señora con los dueños del hotel, señalando, además, que los porcentajes de participación societaria de mi señora no le permiten tomar decisiones en el contexto de la celebración del contrato en cuestión. De hecho, en aquella oportunidad se aclaró que el porcentaje de participación era bastante menor al que en su momento se publicó en algunos medios”, explica.
Señala que “el Hotel Alto del Sol, cumplió íntegramente con el objeto del contrato, el cual fue servir de residencia sanitaria para la pandemia, a diferencia del Estado como contraparte, que incumplió con la principal obligación del contrato, esto es, el pago integro y oportuno de la renta, la que recién vino a saldar durante el curso de este año 2023, luego de un juicio ejecutivo de cobro de facturas”.
Finalmente, Castro acusa que este caso se encuentra aclarado y “sale a la luz el día de hoy, como una medida absolutamente desesperada para desviar la atención a propósito de las gestiones que he iniciado que buscan transparentar los múltiples y diversos pagos (de alto importe) a distintas fundaciones, fuertemente cuestionadas, ya que derechamente no realizaron las gestiones encomendadas o cambiaron el giro de sus actividades para – al parecer- adjudicarse fondos utilizando nexos con personas de sus partidos políticos”.
