Siempre es lo mismo, ante el escándalo los políticos y los parlamentarios en especial sufren una suerte de ataque creativo para enfrentar los problemas que ellos -la mal llamada (des)clase política arma- y en este momento de convulsión por los aportes o convenios con Fundaciones, la Cámara de Diputados informa que ha aprobado «Una batería de medidas» dirigidas a La Moneda «con el objeto de cautelar los recursos del Estado y hacer frente a los casos de corrupción conocidos en el último tiempo», señala el lugar donde más corrupción ha habido en Chile, si es cosa de recordar el Caso Penta, SQM, copy paste de informes para parlamentarios, etc., y cada vez que son destapados los problemas, resulta que se ponen creativos y sale el «nunca más», «ahora sí nos portaremos bien», es decir puras patrañas.

Lo que proponen está contenido en tres resoluciones -946, 976 y 974-, mediante las cuales se pide la adopción de una serie de acciones concretas, para velar por el buen uso de los recursos y resguardar la fe pública.

En ese marco y por 90 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, se aprobó la resolución 946. En ella se solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que permita el levantamiento del secreto bancario de todas las autoridades electas y designadas, tales como legisladores, jueces, ministros, alcaldes, gobernadores y altos cargos del Estado en general, sean civiles, policiales o militares.

Esta información no debería ser pública y solo podrían tener acceso a ella las instituciones que la ley autorice, como el Servicio de Impuestos Internos o la Unidad de Análisis Financiero.

La medida sería un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones que nos gobiernan.

Al abrir el secreto bancario de las autoridades, se podrían detectar de manera más eficaz posibles conflictos de interés, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho, corrupción o cualquier otro tipo de conducta irregular que afecte negativamente la confianza en las instituciones.

El texto es de autoría de las y los diputados de la bancada del Partido Liberal, Luis Malla, Alejandro Bernales, Viviana Delgado, Vlado Mirosevic y Sebastián Videla.

Comité creativo en acción

También se aprobó, por 128 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la resolución 976, de autoría de la diputada Pamela Jiles (PH). En ella se pide al Presidente de la República que impulse, presente y tramite todas las gestiones legislativas necesarias para el efectivo resguardo de las instalaciones, bienes e información de todas las instituciones públicas, especialmente, aquellas que están siendo objeto de investigación o fiscalización.

Asimismo, solicita que se haga efectiva la eventual responsabilidad de las autoridades en la serie de robos y atentados a instituciones del Estado ocurridas en los últimos días, considerando una serie de eventos que afectan instalaciones públicas relacionadas a atentados y robo de equipos ocurridos en instituciones de carácter público.

Finalmente, por la unanimidad de 131 votos, se aprobó la resolución 974.

En ella, la Cámara expresa su rechazo a la decisión de la fundación Democracia Viva de no devolver los recursos no rendidos entregados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la región de Antofagasta, que alcanzan a $391.768.516.

Asimismo, se solicita levantar el secreto bancario de los directores de la cuestionada fundación y que se retengan los dineros de sus cuentas bancarias.

El texto es de autoría de las y los diputados de la bancada RN, Marcia Raphael, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Andrés Celis, María Luisa Cordero, Mauro González, Paula Labra, Ximena Ossandón y Carla Morales.