El exseremi del Minvu del Maule, Rodrigo Hernández (RD), quien ayer viernes se le solicitó su renuncia en medio del escándalo por entregar dinero fiscal a la Fundación Urbanismo Social, buscó la forma de zafar al cuestionamiento que se le ha hecho, indicando que firmó el convenio “sin percatarse” de que era para una entidad en la que había trabajado anteriormente por lo que reconoce que se trató de una “falla administrativa” que “debí abstenerme”.

A través de una carta, Hernández afirma que “tengo la tranquilidad absoluta de que las interrogantes que han dado origen a la investigación sobre los convenios de campamentos en nuestra región, habrán podido dilucidarse con los antecedentes que han sido puestos en conocimiento de nuestras autoridades”.

Y agrega que “no solo no he intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación en la que trabajé antes de ser autoridad, sino que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, han asumido en todo momento que mi inhabilidad y deber de abstención e imparcialidad, se debía ejercer de manera preventiva y automática”.

“En razón de lo anterior, siempre se ha asegurado un alto nivel ético y de probidad, que por cierto no sólo dependen de mi voluntad, sino de los altos estándares que tienen los funcionarios de este ministerio”, sostuvo.

“Sin perjuicio de lo anterior, debo hacerme cargo de la razón que incide en la responsabilidad política que me asiste (…) existen sistemas de registro donde se inscriben diversas entidades, como contratistas, consultores y entidades patrocinantes. Estos registros no suponen, en ningún caso, ni una contratación directa, ni una asignación directa de recursos de parte de la Seremi, en absoluto. Se trata, simplemente, del registro que se hace de entidades que se habilitan para poder presentar proyectos, que pueden aprobarse, o rechazarse eventualmente”, menciona.

“El 24 de noviembre de 2022, firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajé; entidad que por cierto cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en materias de vivienda y urbanismo. Soy consciente de que debí prestar atención a dicha renovación, y pese a que dicha renovación de vigencia no supone ninguna clase de transferencia directa de recursos de ninguna naturaleza de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, se trata de un acto administrativo en el que debí abstenerme, tal y como lo hice en todo otro momento, respecto de dicha Fundación, en otros procesos más sensibles en esta misma repartición pública”, explica.

En esa línea, insiste en apuntar a que “se trata en definitiva, que asumo total y exclusivamente yo, a título personal, y que, al ser la jefatura máxima de la Región del Ministerio, más aún en un contexto de desconfianza hacia la relación del Estado con la sociedad civil, resulta del todo necesario responder con mi responsabilidad política, que no puede ni debe extenderse al resto del servicio público”.

“Se trata en definitiva, de un error que no puede permitirse en este contexto, y que motiva además mi indeclinable compromiso con el esclarecimiento de cualquier irregularidad, por lo que estaré, como corresponde, a disposición absoluta de toda investigación necesaria, tal y como ha sido hasta el día de hoy”, expuso.