A través de una carta dirigida al Fiscal Regional de Antofagasta, Alberto Ayala Gutiérrez, la bancada RN encabezada por Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, además del diputado José Miguel Castro, le solicitan plantear “lo oportuno de disponer el secreto de la investigación” para evitar que Revolución Democrática pueda acceder a la carpeta investigativa.
Esto se explica en el reconocimiento que hizo hace algunos días el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, que junto a otros dirigentes de la colectividad y asesores de la diputada Catalina Pérez, se enteraron con diez días de antelación a la publicación del medio Timeline de Antofagasta, de los dineros entregados ($426 millones) por la seremía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de esa región a Democracia Viva.
El 27 de junio RD se querelló ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta “contra quienes resulten responsables por la responsabilidad penal que les cupiere en el hecho”. En la oportunidad se especificó que la medida incluía a doce personas, todos militantes -a esa fecha- de la colectividad que forma parte del Frente Amplio. Esta acción permite que puedan tener conocimiento de la carpeta investigativa.
El jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, dijo que “Revolución Democrática no puede ser más caradura. Ellos quieren ser parte de la investigación que están realizando en su contra para tener acceso a la información, y son ellos quienes son los querellados y a quienes se está investigando”.
Precisó que “le hemos pedido al fiscal regional que los saque de la investigación, no pueden ser juez y parte, no pueden ser los investigados y tener conocimiento respecto de todos los antecedentes que se están presentando en su contra”.
Por su parte, la subjefa, Marcia Raphael, ahondó en que “si bien ellos son parte de esta querella, a raíz de toda la información que hemos estado recibiendo últimamente, hemos visto que hay un encadenamiento absoluto en cada uno de los hechos con integrantes de este partido. Por lo tanto, ser juez y parte, no le da certeza a esta investigación de la mejor manera y la (forma) más objetiva posible”.
Para el diputado José Miguel Castro, “no puede ser que sean parte, cuando ellos son los investigados. Por eso estamos solicitando al Fiscal Regional de Antofagasta que lo más conveniente y transparente es que evalúen mecanismos para marginar a Revolución Democrática de la investigación, más cuando han reconocido que supieron de antemano -antes de querellarse inclusive- de este escándalo de dineros”.
Precisamente en el documento enviado al Fiscal Regional, se expone que con el correr de los días “se siguen conociendo nuevas adjudicaciones y traspasos de recursos públicos en favor de otras organizaciones de la sociedad civil y con origen tanto en la misma cartera de Vivienda y Urbanismo, como en otras reparticiones públicas: ministerios, gobiernos regionales y municipios. De tal manera otras Fiscalías Regionales como la de Atacama, la del Maule, del Biobío o la de Los Lagos, han comunicado el inicio de investigaciones en torno a estos hechos”.
Y ante todos hechos que han sido de público conocimiento, es que “causó extrañeza entre expertos y operadores del sistema procesal penal ya que era el propio partido político cuestionado y del cual los principales imputados por el caso Democracia Viva son integrantes el que busca desencadenar el proceso judicial. Como se esgrimió, la calidad de querellante (…) permite el acceso a la carpeta investigativa”.
En el documento también se analiza que si bien “el senador Juan Ignacio Latorre, actual presidente de la colectividad, afirmó que el interés de la acción es contribuir con la investigación, no debería el Ministerio Público, observando el Principio de Objetividad que debe primar en todas sus labores, desestimar sin más el abanico de posibilidades y posiciones que este acto podría permitirle a la agrupación política”.
Otro argumento plasmado en la solicitud al persecutor, fue el reconocimiento de Latorre de haber sido “puesto en aviso por los mismos involucrados -hoy imputados- Sr. Daniel Andrade y Sr. Carlos Contreras, con al menos 10 días de anticipación a que el suceso se hiciera público”. Y que ante tal evidencia “supone que el presidente de dicha colectividad (RD) y que es quien la representa legalmente promueve su inclusión y la del partido como querellante, no pudiendo descartarse así el ánimo de desempeñar un rol estratégico de acceso a los antecedentes y diligencias, pero no con un ánimo de real colaboración”.
