Los diputados RN se encuentran en “pie de guerra” contra el Coordinador del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad en la Subsecretaría del Interior, Daniel Álvarez Valenzuela, quien fue ratificado en su cargo por el subsecretario Manuel Monsalve, pese a los tuits contra Carabineros a lo que se agrega queantes de asumir fundó una ONG relacionada con temas digitales, por lo que podría existir conflicto de interés y falta a la probidad.
Precisamente, para aclarar este tema los diputados Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, oficiaron al Contralor General de la República para que se pronuncie por el “posible conflicto de interés por parte del Coordinador Nacional de Ciberseguridad”.
Ante esta situación, el Castro -integrante además de la Comisión de Seguridad- planteó que “nos parece que puede existir un conflicto de intereses directo cuando él es parte de una empresa que asesora a empresas que también van a estar obligadas a tener que contratar este tipo de servicios por parte de la nueva ley de ciberseguridad”.
Para el parlamentario, esto “puede prestarse para malos entendidos, para generar aristas que no corresponderían quizás en la ley y, por lo tanto, será la Contraloría quien se pronuncie de esto”.
Agregó que “hemos exigido debido a los tuits -contra Carabineros- y debido a la visión que ha tenido esta persona a través de los años, que no se ingrese al Congreso Nacional en específico a la Comisión de Seguridad Ciudadana. No vamos a permitir que esa persona se siente (…) también exigimos que esta persona salga de este puesto tan importante para poder seguir avanzando en una ley que necesita Chile”.
En esa línea, Longton relató que en la sesión del 25 de julio de la Comisión de Seguridad, “señalamos de que no vamos a aceptar que el señor Álvarez siga tramitando el proyecto de ley de ciberseguridad por sus ofensivos dichos contra Carabineros y las Fuerzas Armadas principalmente, ya que una persona que tiene ese nivel de sesgo no puede seguir tramitando un proyecto tan importante como el de ciberseguridad e inteligencia”.
Agregando que “una persona que trabaja en el sector público y que está encargado de un proyecto tan relevante como el de ciberseguridad y que además presta asesorías en materia de ciberseguridad a empresas privadas, creemos que hay un conflicto evidente de interés por lo que es necesario que la Contraloría lo despeje, porque hasta hace algunos días seguía formando parte de su página web, página web que fue bajada de un minuto a otro a propósito de las distintas declaraciones del señor Álvarez que se dieron a conocer de manera pública a propósito de los tuits ofensivos principalmente contra carabineros”.
Respecto de la empresa que habría formado Álvarez Valenzuela, en el documento enviado a Contraloría se especifica “antes de asumir el cargo durante la actual administración, fundó junto a otras personas la ONG Derechos Digitales, siendo su Director Ejecutivo entre los años 2003 y 2006, y luego su Director Legal entre el 2005 hasta el año 2014, fecha en que ingresa al segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet como Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad”.
Su curriculum continúa: “una vez finalizada sus funciones en el gobierno de la expresidenta Bachelet, don Daniel Álvarez pasó a ser socio de ´Ciberseguridad Humana´ 1, empresa en la que se desempeñó –supuestamente- desde marzo del 2018 a julio del año 2022, meses antes de ingresar como Coordinador Nacional de Ciberseguridad en el Gobierno del Presidente Boric. La empresa Ciberseguridad Humana, de acuerdo con su perfil en Linkedin tiene como propósito ofrecer ´asesoría especializada en la intersección entre ciberseguridad, privacidad y usabilidad´. El mismo perfil señala que “nuestro objetivo es mejorar las prácticas y normas de empresas e instituciones, para hacer de éstas organizaciones resilientes´”. Y concluye con que a nivel nacional “hemos liderado los procesos de desarrollo de la Política Nacional de Ciberseguridad, y la Política de Ciberdefensa del Estado de Chile y en políticas de propiedad intelectual”.
En el oficio se especifica que una de las tareas de Daniel Álvarez será “la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Ciberseguridad”. Por lo tanto, entre sus deberes está el de “convocar, presidir y conducir las sesiones del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad; deberá conducir el proceso de evaluación de la política nacional de ciberseguridad 2018-2022 y de elaboración de la política nacional de ciberseguridad 2023-2028 y otros asuntos que le encargue el señor Subsecretario”.
Entre los antecedentes que se envían al Contralor, está el que según la página web de la “Ciberseguridad Humana, don Daniel Álvarez se encontraría aún en posición del cargo de socio de dicha empresa. Sin embargo, el carácter de socio en la empresa constaba en una sección de la página web institucional que fue eliminada del servidor hace tan solo un par de días, cuestión que coincide con el conocimiento público de las declaraciones de Álvarez en contra de Carabineros de Chile”.
Detallan en el escrito una curiosidad: “Ya no es posible ingresar a la página web, al menos a las secciones en las que se señalaban quienes estarían a cargo de la empresa, registro que, sin embargo, acompañamos a esta presentación y que data una revisión de la página web realizada el martes 18 de julio del presente año. Lo anterior es relevante, puesto que de la descripción de las funciones que Álvarez realiza la empresa Ciberseguridad Humana, es incompatible con las tareas que le fueren encomendadas por la Subsecretaría del Interior en el marco de la tramitación de la ley marco sobre Ciberseguridad”.
Por lo expuesto y otros antecedentes que se agregan en el oficio, los parlamentarios consideran que “a nuestro juicio, para determinar la magnitud y la existencia de eventuales transgresiones al principio de probidad administrativa, es fundamental que este órgano contralor requiera toda la información pertinente de parte de don Daniel Álvarez Valenzuela, así como del Subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, con el objeto de despejar cualquier duda en torno a la idoneidad de Álvarez para ejecutar las funciones encomendadas por la Subsecretaría del Interior”.
Se concluye que “resulta crucial que el señor Álvarez transparente no solo su relación como socio de la empresa Ciberseguridad Humana, sino también los servicios prestados como persona natural a privados en el contexto de su actual rol público en el marco de la ciberseguridad pudiendo existir de la misma forma conflictos de intereses y potencialmente una falta grave a la probidad”.
