SANTIAGO (AP) — El presidente chileno Gabriel Boric presentó el miércoles una comisión que determinará los montos de las tierras arrebatadas a los indígenas mapuches pueden ser restituidas, una iniciativa con la que busca poner fin al conflicto territorial entre el Estado y los pueblos originarios.

Los territorios reclamados se ubican en La Araucanía y el Biobío, a 600 kilómetros al sur de la capital chilena, regiones que viven bajo estado de emergencia para poder usar a los militares como freno ante los constantes atentados incendiarios reivindicados por grupos indígenas que exigen la de sus tierras. También incluye las zonas aledañas de Los Ríos y Los Lagos.

En un acto en la sede de gobierno en el que se presentó la Comisión por la Paz y el Entendimiento, Boric dijo que el trabajo del grupo “es tremendamente desafiante”.

“Tengo la esperanza, la convicción” de que a través del diálogo amplio y de acuerdos “se sienten las bases para una solución duradera y sostenible” entre el Estado y el pueblo mapuche, agregó. Los resultados del trabajo, “no van a ser de inmediato”, observó.

Antes de las declaraciones del mandatario, los dirigentes políticos transversales firmaron un documento en el que expresaron su apoyo al trabajo de la comisión de ocho miembros, entre los que figuran parlamentarios oficialistas y de la oposición, dirigentes de agricultores y representantes mapuches. Contarán con el apoyo de grupos de expertos en materia de tierras, derechos de los pueblos indígenas y catastros territoriales.

El lanzamiento de la comisión coincide con la conmemoración en el país del Día Nacional de los Pueblos Originarios, instituido en 1998.

A lo largo de los años han existido diversas medidas para solucionar el conflicto de las tierras, incluidas varias comisiones y restituciones parciales de terrenos a comunidades mapuches, pero la violencia en la zona no ha disminuido. La comisión presentó esta jornada es la primera iniciativa que cuenta con el respaldo de todos los partidos, desde el Comunista al ultraderechista Partido Republicano.

El mandato de la comisión, que trabajará hasta fines de 2024, es determinar cuál es la demanda de tierras -que el Estado chileno les arrebató en el siglo XIX- y establecer los “mecanismos de reparación”.

Los comisionados definirán qué tierras cuantificarán: pueden ser las que tienen “títulos de merced” entregados por el Estado chileno a unos 3.000 indígenas a los que reconocieron la usurpación de sus territorios, o todas las reclamadas.

La violencia en La Araucanía y el Biobío se traduce en constantes atentados incendiarios contra inmuebles, escuelas, iglesias y maquinarias de empresas forestales, a menudo reivindicados por grupos minoritarios indígenas que demandan la restitución de tierras. También hay acciones violentas de bandas de ladrones de madera y de narcotraficantes, según las autoridades.

Los atentados datan de multas de la noventa, aunque se incrementaron en los últimos años. Durante la última semana se quemaron una capilla rural, una casa y una excavadora y en la vecina región de Los Ríos, limítrofe con La Araucanía, un ataque a un parque eólico calcinó 13 camiones, según informes policiales.

Boric, que siempre fue un detractor del estado de emergencia, dijo a comienzos de mes que los atentados disminuyeron un 31% durante 2022, pero admitió que en la región hay ataques terroristas que recrudecieron este año.