La preocupación plena se ha apoderado de las y los trabajadores del servicio Mejor Niñez, organizados bajo la asociación de funcionarios (ANFUSEPNA), ante los eventuales y constantes peligros diarios a los que están expuestos, tanto ellos, como los niños, niñas y adolescentes que están bajo los cuidados institucionales, ad portas de cumplirse dos años desde su puesta en marcha, en reemplazo del Sename.

Estos hechos refieren a agresiones físicas y psicológicas, además de maltratos y amenazas entre otros, hacia los trabajadores en el ejercicio de sus labores, como la agresión sufrida por una funcionaria de la dirección regional del Biobío, por parte de un adolescente. La trabajadora quedó con heridas en su cuero cabelludo, así como con secuelas emocionales y psicológicas.

El ambiente ha ido escalando desde el incendio originado en la residencia penquista de Castellón, iniciado por jóvenes infractores de ley junto a otros con medidas judiciales de protección, los cuales cohabitan en el recinto.

Se suma el episodio que protagonizaron jóvenes de la residencia Castellón, quienes actualmente se encuentran en Coliumo desde la primera semana de junio. En esa oportunidad secuestraron, amenazaron y obligaron a un chofer que trasladara a los mismos adolescentes a llevarlos hacia residencias familiares en Tomé. Durante la misma jornada, los jóvenes se dirigieron a la localidad de Coliumo, comuna de Tomé, donde hirieron a otro adolescente de su misma residencia.

Pese a que los jóvenes están con arresto domiciliario total en la residencia de Coliumo, violan en flagrancia la medida judicial ante la inacción de las autoridades, sostienen dirigentes del Servicio Mejor Niñez, lo que no solo pone en riesgo a las y los trabajadores, sino a los niños, niñas y adolescentes del servicio, quienes son atendidos en la oferta programática institucional.

Situaciones como esta conllevaron a que se conformara una Comisión Investigadora del Servicio Mejor Niñez, la que sesionará durante 60 días, encabezada por el diputado Héctor Ulloa, parlamentario que manifestó estar al tanto de las denuncias.

La instancia tiene por objetivo establecer responsabilidades políticas y administrativas, para lo cual se recopilarán antecedentes sobre eventuales irregularidades que pudieran afectar la implementación y los procesos de licitación del servicio “Mejor Niñez”, entidad gubernamental encargada de la reparación del daño, así como los derechos frente a eventuales vulneraciones de niños y adolescentes. Igualmente, buscará reunir información en cuanto a la competencia, funcionamiento y personal de la institución.

Dicha comisión fue solicitada por diversos parlamentarios en enero de este año, debido a ciertas irregularidades en la implementación de la institución, lo que dio paso a un sumario contra la entonces directora regional subrogante de Mejor Niñez en el Biobío, Paulina Concha. En esa oportunidad se conoció el caso de Francisco, joven que, pese a estar bajo la tutela institucional de una residencia, asesinó a una persona de 21 años en Puerto Varas, región de Los Lagos.

La crisis de Mejor Niñez deja en evidencia serias falencias a nivel nacional. En el norte del país, en Antofagasta, la Corte de Apelaciones de dicha ciudad dispuso, mediante fallo, trasladar a una adolescente de 16 años, atendida por el sistema institucional de residencias, posterior a conocerse el riesgo físico y psicológico para la joven.

El libelo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta exige compartir antecedentes con la Fiscalía, así como con la Contraloría General de la República, ante una eventual comisión de delitos y los correspondientes responsables por su defecto, en el cual se deja en evidencia que existe un incumplimiento de Mejor Niñez sobre resoluciones judiciales anteriores, lo que conllevó al traslado de la joven.

En otra agresión, una adolescente de 15 años de la ciudad de Coyhaique, el pasado domingo 28 de mayo, atacó a un joven y a un Tutor a quien le causó lesiones graves en su mano izquierda, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y quedando con tratamiento por sus serias heridas.

La adolescente fue formalizada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad, imputada por delitos de homicidio frustrado y lesiones graves. Pese a las secuelas del tutor, la Corte de Apelaciones de Coyhaique negó la internación provisoria de la joven, disponiendo que regrese a su casa con su familia, sin que debiera volver a la residencia de Mejor Niñez.

María Paz Díaz, presidenta nacional de ANFUSEPNA, agrega que les ha tocado «vivenciar en más de una vez esta situación, lo que conlleva el riesgo permanente de nuestros compañeros de trabajo, que laboran en administración directa, a veces, enfrentados a situaciones directas de violencia por nuestros sujetos de atención«.

La dirigenta comenta que «lamentablemente, este Servicio en las residencias tiene infractores de ley, que están sujetos a protección, niños con trastornos graves de salud mental, niños, niñas y adolescentes que están directamente por protección«.

Díaz detalla que «no se ha podido subsanar esta problemática, que es un trabajo que hemos estado levantando, sobre todo, nosotros, que hemos estado poniendo en carpeta el Artículo 90, pero, lamentablemente, esto no va a significar que se van a eliminar las situaciones de riesgo de nuestros funcionarios en residencias, sino que se van a ver las sanciones, pero, después que ocurran estos hechos. Entonces, este es un trabajo que debe hacerse colaborativamente, no solo en este servicio, sino en todas las áreas como Salud o Senda, para poder determinar y ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes«.

La dirigenta señala, a su vez, que “en el directorio de la asociación de funcionarios de Mejor Niñez, ANFUSEPNA, estamos extremadamente preocupados antes los violentos hechos que han tenido que vivir nuestros socios a nivel país”.

“Desde el día uno hemos venido manifestando que el modelo de residencias de vida familiar puede ser apropiado para niños, niñas y adolescentes con medidas de protección, pero no para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de drogas, policonsumo, con problemas de salud mental grave o jóvenes con trayectoria delictual o infractores de ley, sin que estén las condiciones apropiadas para abordar sus trayectorias de vidas complejas, con infraestructura y profesionales idóneos para dichas características”, añadió.

En tanto, la tesorera y dirigenta nacional de ANFUSEPNA, Blanca Berrocal, manifiesta que es «lamentable que el Estado hoy se lave las manos de las malas decisiones que toman en materia de protección residencial, de las situaciones extremas y delitos que suceden en el interior de estas, por ejemplo, lo de residencia Castellón, entre otras, siendo las funcionarias y los funcionarios la punta de flecha frente a la responsabilización de todas las vulneraciones que se han generado al interior”.

Berrocal puntualizó que «es imperante que el ministro se apersone en las regiones en forma urgente, dado que éstas son transversales a nivel nacional, pero no visitas protocolares, sino que a conocer «in situ» lo que viven día a día tanto funcionarias como funcionarios, como los mismos adolescentes que el Estado está llamado a cuidar”.

La tesorera y dirigenta nacional de ANFUSEPNA, subrayó que “en regiones como la Metropolitana, Punta Arenas, entre otras residencias, están a punto de colapsar, por sobrepoblación de adolescentes”, situación que se suma al crítico panorama nacional institucional, lo que ha generado graves hechos de violencia a nivel país, no solo en residencias de administración directa, sino también en residencias administradas por organismos colaboradores.

Berrocal enfatizó también “llamamos en calidad de urgencia al Ministro de Desarrollo Social y autoridades asociadas a este mismo Ministerio, a trabajar de una vez por todas en la revisión del perfil del sujeto de atención que debe, efectivamente, estar en residencias de tipo familiar, y a los tribunales a velar por la seguridad, cuidado y protección de aquellos jóvenes que han sido víctimas directa e indirecta de otros jóvenes con graves desajustes conductuales y comisión de delitos, con los cuales deben convivir día a día antes de que tengamos que lamentar muertes al interior de las residencias, ya sea de funcionarios o funcionarias o de adolescentes en manos de otros de adolescente”.