El contralor Jorge Bermúdez comunicó este jueves que se decidió suspeder todas las nuevas transacciones a fundaciones hasta que no se aclare la situación que pesa sobre Democracia Viva y sus convenios con el Minvu.

El contralor hizo el anunció en medio de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del consejo constitucional, indicando que “hoy respecto de las transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas, hay una orden -tomada centralizadamente-, que es suspender la toma de razón mientras no se aclare bien la situación y eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan. Pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar”.

Consultado Bermúdez por la falla en el caso de Democracia Viva, el timonel del organismo dijo que “lo que exista acá es una carencia de regulación del punto de vista de cómo están reguladas a nivel legal estas instituciones. Acá se ha hecho una opción por parte del Estado chileno de que sean fundaciones privadas las que ejerzan funciones que habitualmente son públicas”.

“Eso ha significado que cientos de miles de millones de pesos todos los años se transfieran, con todos los resguardos o no. Evidentemente que no ha sido con todos los resguardos, porque efectivamente de lo que estamos acá hablando aparentemente -porque esto es un proceso todavía en curso-, hay una situación de mal uso de los recursos, una situación que eventualmente puede ser de corrupción”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó a que “no hay que olvidarse de que la corrupción muta, va cambiando así como si fuera un virus. Por eso el Estado siempre va a la saga de ese mal que afecta a la democracia que es la corrupción”.

Bermúdez señaló que “lo que hoy ha aparecido en la prensa que en realidad se suma a cosas que han ocurrido también a nivel municipal y que pueden haber otras también, no puedo garantizar que no vaya a haber. Lo que ha ocurrido acá es que hay una situación sofisticada donde se han producido hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción, producto de que el Estado ha entregado estos recursos con poca regulación a entendidas que son de naturaleza privada”.

“Me parece que la respuesta a esta situación (…) es precisamente fortaleciendo las instituciones que son de control y el principio de que donde hay recursos públicos debería haber un control público, que no es algo que esté expresamente así consagrado. Y por lo tanto, fortaleciendo entidades y no debilitando entidades como la propia Contraloría”, mencionó.