Los diputados Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Boris Barrera, Alejandra Placencia, Daniela Serrano, Juan Santana y Andrés Giordano, ingresaron un requerimiento de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional en contra del proyecto presentado por los senadores Ximena Rincón, Matías Walker y Francisco Chahuán, que busca modificar una sentencia dictada por la Corte Suprema y permitir un “perdonazo” para que las isapres no paguen a sus afiliados el dinero que por años cobraron en exceso.
Según expresa el requerimiento, el proyecto de los senadores Chahuán, Rincón y Walker tendría vicios de inconstitucionalidad debido a que significa “una invasión a las facultades jurisdiccionales que nuestro orden constitucional ha depositado en el Poder Judicial” además de vulnerar “el principio de legalidad, por el cual ningún órgano público puede actuar más allá del ámbito de las competencias que el derecho le atribuye”.
Al respecto, el diputado y jefe de Comité PC, FRVS, AH e IDP, Luis Cuello, señaló que “en el día de hoy 43 diputadas y diputados hemos ingresado un requerimiento al Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley, denominado alternativo, que fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado y que busca otorgar un salvataje, un perdonazo a las Isapres que practicaron cobros indebidos a miles y miles de afiliados”.
Agregó que “este proyecto de ley de reforma, presentada por senadores de derecha, lo que hace es alterar un fallo de la Corte Suprema y eso es muy grave, pensamos que no es posible, que da precedente negativo, un precedente nefasto que el Congreso para quedar bien con ciertos grupos económicos, altere un fallo de un tribunal”.
El parlamentario señaló que “lo que hace este proyecto de ley es que reduce sustancialmente la cantidad que deben pagar las Isapres, toda vez que cambia la fecha que se deben pagar los excedentes por cobros indebidos. También cambia la forma en que se paga. La Corte Suprema ha determinado que se paguen con excedentes, sin embargo lo que dice el proyecto de ley es que se pague con beneficios. En consecuencia, creo que es un precedente nefasto que el Congreso se atribuya facultades judiciales y cambie un fallo, esto es inédito, nunca antes había visto ni en el Tribunal Constitucional que el Congreso cambie un fallo con una ley de la República en definitiva para beneficiar, para dar un salvataje, un pedonazo a individuos que legitiman los abusos”.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri, miembro de la Comisión de Salud, agregó “como integrante de la Comisión de Salud observamos con especial preocupación el devenir de este debate y las alertas surgieron inmediatamente cuando vimos presentarse un proyecto que lo que busca es alterar un fallo de la justicia”.
En ese sentido, explicó que “los fallos de los tribunales se cumplen y el fallo de la Corte Suprema se debe cumplir y por supuesto para eso está la Ley Corta de Isapres, el trabajo que se está haciendo en el camino correcto de hacer cumplir el fallo, al mismo tiempo de asegurar la continuidad en la atención de los más de 3 millones de usuarios del sistema de Isapres. Esto no puede ir en la línea de salvataje, de perdonazo y de finalmente de inmiscuirse el Poder Legislativo en un ámbito que tiene que ver con el Poder Judicial, esto es intolerable que sentaría un precedente muy dañino para nuestro funcionamiento democrático”.
A su vez, el diputado Santana señaló “esta es una solicitud, un requerimiento de legalidad del proyecto de la reforma presentada en el Senado, que desde nuestro punto de vista podría convertirse en un pésimo precedente de cara a vulnerar la autonomía que uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, tiene para todos y todas los chilenos. En ese aspecto, a nosotros nos parece importante que nosotros, los parlamentarios, seamos los primeros en respetar nuestra Constitución, particularmente el artículo 76, que es aquel que consagra justamente la autonomía de los poderes y no nos parece prudente de que hoy día, a través de una Reforma Constitucional se busque evitarse, busque omitir un fallo de la justicia, que en este caso obliga a las Isapres a devolver los excedentes que ilegalmente fueron cobrados a una serie de personas, usuarios, afiliados a estas mismas instituciones y que hoy día la Corte Suprema, la justicia chilena, ha determinado que esos excedentes, que esos cobros se le deben devolver a las personas”.
Además de la inconstitucionalidad de la moción de los senadores, los diputados sustentan el requerimiento en otros tres argumentos: el plazo de devolución de los excedentes, permitiendo evitar el pago de 32 meses adeudados a sus afiliados; permite el recálculo del precio base, lo que fue explícitamente señalado en la sentencia de la Corte Suprema y la modalidad de devolución de los excedentes, proveyendo beneficios en vez de la devolución de los dineros mal cobrados.
De acuerdo a los parlamentarios, todo esto es contrario a lo señalado por la Corte Suprema y lo que sustenta el requerimiento de las y los diputados.
