La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró la “ideologización” del debate por el plan “Gas para Chile”, acusando que se está utilizando para echar abajo otras políticas públicas que se impulsan y les recordó a la derecha el plan de plataforma centralizada de pagos del Estado a proveedores que fue un “fracaso”.
La secretaria de Estado dijo que el debate y cuestionamientos que se ha hecho por el plan del gas a precio justo de Enap, cuyo costo por balón sería de $117.00 por unidad, “no puede ser utilizado para echar abajo otras políticas públicas”.
En esa línea, Vallejo dijo que “aquí se está llevando este debate a una sobre ideologización brutal, se está queriendo ocupar este caso específico, cuyo único objetivo ha sido hacernos cargo de entregar mayor competencia en el mercado y por lo tanto, lograr los precios del mercado (…) con desacreditar la importancia de un pacto fiscal, con desacreditar el rol de cualquier empresa del Estado”.
Al respecto, la secretaria de Estado apuntó a que “el desarrollo del país requiere siempre de la colaboración público-privada y así lo estamos haciendo con el Gas a Precio Justo, con la Estrategia Nacional del Litio y con otras políticas públicas que seguiremos empujando como Gobierno”.
Asimismo, explicó el uso político que se le está dando al tema, recordando que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se comenzó la implementación de una “plataforma centralizada de pagos del Estado que se llamaba Plataforma Centralizado de Pagos del Estado para agilizar los pagos a proveedores y esa plataforma fracasó”.
“De hecho se produjeron duplicaciones de pago lo cual significó un costo de 96 mil millones de pesos en pago duplicado a proveedores y cuando la Dipres, que responde al Ministerio de Hacienda, detectó el problema de ello, nadie criticó la implementación de esta política de innovación, sino que se criticó la suspensión de esta política, diciendo que el Ejecutivo no favorecía la innovación”, sostuvo.
Agregó que “sin embargo, ahí se gastaron 150 veces más de recursos públicos por duplicación de pagos que lo que costó el proyecto piloto, además de que fue pagado, fue gasto ejecutado y que sirvió como inversión inicial rewspecto a esta política«.
“Entonces, la intencionalidad no tiene que ver con el cuestionamiento al plan piloto, sino que estar llevando la discusión a otro nivel para desacreditar toda política pública que involucre un rol del Estado en la garantización no solo de derechos, sino que en mejores condiciones de bienestar a la población”, aseguró.
Vallejo también mencinó que “no podríamos subsidiar al mundo privado cuando la Fiscalía Nacional Económica advertía graves problemas en los mecanismos de competencia en el mercado y se habían elevado precios por falta de competitividad”.