El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, reiteró lo expuesto ayer cuando se acusó de “engaño” al Gobierno luego de presentar ante el Congreso la Ley Corta, que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema, afirmando que esta normativa conduce “por la fuerza a un monopolio estatal”.

A través de un comunicado, la entidad señaló que “el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.

“La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapres y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”, precisa.

En ese sentido, plantean que “la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapres y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los paciente no son herramientas políticas”.

En esa línea, Simón insistió en Tele 13 Radio que “la fórmula, como está estipulada, va a significar que el sistema va a dejar de funcionar en un tiempo relativamente corto y no se va a poder producir ninguna devolución y, lo peor, es que las coberturas de las personas no van a seguir operando”.

“Las isapres han cumplido, no se le ha cobrado en exceso a nadie (…) lo que hay es un cambio de criterio y dado que al ponerlo en práctica se producen estos desajustes, se producen estas eventuales devoluciones, estas bajas de precios”, mencionó.

El timonel de las Isapres señaló respecto a la propuesta del Gobierno que apunta a que una vez aprobada se entrega un plazo de 60 días para que apliquen una adecuación de sus contratos que significará una merma en ingresos de $30 millones mensuales, es decir, $350 millones al año, afirmando que “es imposible de enfrentar y no se entiende cómo se llega a esos volúmenes”.

“Con esto se produce a los pocos meses una caída de los ingresos tal que impide que las isapres puedan seguir cumpliendo con las coberturas, que es lo más importante. Y si no se puede seguir con eso, el sistema ya no puede seguir operando”, sostuvo.

En cuanto a la deuda de US$1.400 millones, Simón dijo que “la sentencia no deja establecido una única forma de poner en práctica el fallo (…). Hay otros mecanismos para ponerlo en práctica (…) nosotros le mostramos al Gobierno que un camino como este no era viable. No entendemos por qué han insistido en este camino”.

Siguiendo esa línea, el presidente de las Isapres pidió buscar fórmulas para “que que si se produce una baja, un desequilibrio entre los ingresos y gastos, se tiene que plantear la posibilidad de volver a recuperar eso. Por ejemplo, con modificaciones eventuales de precios en algún momento, con modificaciones eventuales de otras variables de manera que el sistema pueda seguir recibiendo ingresos que le permitan cumplir con las coberturas que están pactadas”.