Tras un arduo debate y búsqueda de acuerdos, la Sala del Senado despachó a tercer trámite, a la Cámara de Diputados el proyecto que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocido como Ley Naín – Retamal.

En la primera etapa se aprobó la idea de legislar de la iniciativa por 40 votos a favor y 5 en contra . La discusión y las votaciones fueron seguidas desde las tribunas por víctimas en el marco de las manifestaciones del 18-O, familiares de detenidos desaparecidos; así como de las viudas de los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal; los familiares de la Sargento de Carabineros, Rita Olivares, todos asesinados en el marco del cumplimiento de sus labores, así como representantes de organizaciones de apoyo a la policía uniformada. 

Durante el despacho del articulado se lograron acuerdos en torno a la regulación de presunción de la legítima defensa y de mantener dicha regulación en el Código Penal. No obstante, algunos senadores de gobierno también anticiparon reservas de constitucionalidad, respecto a otras normas, como por ejemplo, el artículo primero sobre el estatuto de protección, donde se rechazó la indicación propuesta por el Ejecutivo y en el artículo nueve, sobre atenuantes y agravantes de las penas, entre otros.

Al término de la votación el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, valoró el trabajo desarrollado por los distintos sectores políticos, en la Comisión de Seguridad Pública y al Ejecutivo “porque cuesta llegar a acuerdos, hay que tener coraje y creo que la propuesta recoge el espíritu de la ley Naín y ley Retamal, es decir, un mayor cuidado a nuestras policías y fuerzas de orden y seguridad”. “Esto nos va a permitir, junto a otras leyes, que ya se han ido aprobando en la agenda de seguridad, ir avanzando en nuevas herramientas para el combate a la delincuencia”.

Legítima defensa

Por 42 votos a favor y 3 abstenciones se aprobó la nueva redacción de la norma que regula la legítima defensa en el Código Penal, acotando la presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.

Al respecto, el senador Felipe Kast explicó que se dejó explicitado que “dicha presunción no aplicará en el caso de los bienes” y, en el caso que “no se logre acreditar el uso racional del armamento de servicio, se considerará la circunstancia como atenuante, salvo que concurra con dolo”.

El senador Daniel Núñez, pidió precisar el alcance de la indicación y, al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “frente a un artículo que generaba enorme discordia y, que significaba un retroceso democrático se construyó una redacción que evitara problemas”.

En ese sentido, la ministra Tohá precisó que “la aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes). Cuando no se da de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad excepto que haya dolo”.

Por otra parte, se aprobó una indicación renovada con el fin de reestablecer la responsabilidad penal del mando y otra, con respecto a precisar el delito de apremios ilegítimos. Estos últimos aspectos, fueron especialmente valorados por los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Daniel Núñez, Claudia Pascual y Fabiola Campillai, entre otros, pues con ellos “se precisan las garantías de los derechos humanos”.