Amnistía Internacional (AI) acusó a Chile y Perú de aplicar políticas crueles y deshumanizadoras que han agudizado la crisis migratoria en la frontera de ambos países, afirmando que las medidas implementadas por ambos gobiernos de militarizar sus fronteras y de decretar el estado de emergencia por la presidenta peruana Dina Boluarte, están dejando a las personas sin protección.

“Al militarizar las fronteras y cerrar la puerta a miles de personas, entre ellas niñas y niños, que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Desde principios de febrero de 2023, el gobierno chileno ha desplegado efectivos militares a sus fronteras con Bolivia y Perú, con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país, en su mayoría venezolanas a lo que se suma que el miércoles 26 de abril, el gobierno peruano declaró un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos y ordenó el despliegue de sus fuerzas armadas, medidas que fueron adoptadas en un contexto de “creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”.

De acuerdo a AI, se estima que al menos 300 personas, entre ellas familias con niños, niñas y adolescentes, personas embarazadas y con enfermedades crónicas, se encuentran varadas en la frontera entre Perú y Chile en una situación “humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”. La mayoría de estas personas son procedentes de Venezuela, pero se ha reportado también la presencia de personas haitianas y de otras nacionalidades.

El organismo expresó su “profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”.

La organización recordó que las personas venezolanas salieron de su país como consecuencia de “masivas violaciones a los derechos humanos, documentadas recurrentemente por mecanismos internacionales, por lo que los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo, , de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación”.

De igual manera, AI ha señalado que los haitianos no pueden ser regresadas a su país debido a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta esa nación, que incluye la violencia generalizada, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria y un sistema sanitario al borde del colapso. El derecho internacional prohíbe prácticas consistentes en negar la entrada al país de personas en necesidad de protección internacional o devolverlas forzosamente a su país de origen.

“Cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto domino. En lugar de acudir a este tipo de medidas que castigan a quienes buscan la protección internacional y una mejor condición de vida, Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos de las personas que llegan y las comunidades que les reciben. Militarizar las fronteras no solo pone en peligro a las personas refugiadas y migrantes, sino también a las personas que residen en esas localidades” dijo Guevara.

Para hacer frente a la crisis, el organismo plantea que “es fundamental que las autoridades chilenas y peruanas reactiven y adecuen sus sistemas de recepción de solicitudes de asilo de manera inmediata. De acuerdo a la información recibida, la atención y recepción de solicitudes es inoperante en Perú desde 2020. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado también que las autoridades chilenas están implementando prácticas y políticas que impiden que las personas con necesidad de protección internacional puedan acceder al refugio en Chile, violando sus derechos humanos”.

De acuerdo a la plataforma R4V, más de 7.23 millones de personas venezolanas han tenido que salir de su país en los últimos años, huyendo de crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas a sus derechos humanos y una crisis humanitaria compleja. Aproximadamente 1,5 millones de ellas se encuentran en Perú, y 444,000 en Chile.