El Consejo para la Transparencia decidió acoger un amparo en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y ordenar a este organismo a entregar una serie de detalles de las comunicaciones oficiales sostenidas entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, a partir de las cuales se desmintió una versión de prensa que afirmó que el FBI solicitó a la exjefa de asesores de la Presidencia de la República, Lucía Dammert, entregar su testimonio voluntario en el marco de una investigación por narcotráfico.

La supuesta citación fue difundida por el medio digital Interferencia a mediados de septiembre, siendo desmentida por la propia Dammert así como también por el Ejecutivo a través de un comunicado, en el que se afirmó haber investigado sobre la veracidad de los hechos publicados.

“El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia”, se indicaba en el documento. “Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa”, se establecía en el escrito.

Al solicitarse más detalles sobre estas comunicaciones, la Subsecretaría denegó el acceso a la información aludiendo la inexistencia de la información y argumentó que dichas conversaciones “fueron transmitidas por vías verbales”, por lo que no existiría soporte documental que permitiera atender a lo consultado. Tampoco entregó detalles de la forma en la que se logró confirmar que la exasesora de Presidencia no fue citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en los EEUU.

En su decisión, el CPLT ordenó a la Subsecretaría la entrega de los antecedentes relativos a “la fecha y hora en que se produjeron, si se trató de comunicación presencial, telefónica o de otro tipo, en qué lugar ocurrió, y principalmente, quiénes fueron los interlocutores oficiales que tuvieron esas comunicaciones a través de vías verbales”.

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, señaló que “es natural que se quiera tener más información sobre el caso, dado su alto interés público. Buena parte de este caso tiene origen en que el Ejecutivo, en su momento, afirmó que había consultado al Gobierno de Estados Unidos y que desde ahí alguien habría señalado que la persona en cuestión no había sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en ese país”.

Y agregó que, en general, las investigaciones de ese tipo son manejadas a nivel muy reservado, entonces es razonable que la gente se pregunte quién llamó, cuándo y a quién.

“Llama la atención que la respuesta de Relaciones Exteriores se fundara sólo en el hecho de que no se dejó registro de conversaciones verbales, una llamada por ejemplo, porque ello podría subsanarse, permitiendo chequear la veracidad de la información, la calidad de la fuente o el nivel de diligencia observado, que son los estándares típicos exigidos cuando se hace ejercicio del derecho a informar”, finalizó.