El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró este lunes que la acusación constitucional que está llevando la oposición en contra de la extitular de la cartera, Marcela Ríos, luego de haberse aprobado los cuestionados indultos, es para “demoler la institucionalidad del indulto”.

Cordero, en conversación con Tele13 Radio, dijo que el debate en torno a los indultos es antiguo, afirmando que la acusación constitucional en contra de Ríos, “me hizo recordar la que se hizo en contra del exministro Luis Bates. El 80% del debate jurídico planteado por la oposición, tanto en la Contraloría como el que anuncia en el Tribunal Constitucional está en esa acusación constitucional”.

“Tras la acusación constitucional contra Luis Bate, que fue desechada, la propia oposición cuando fue Gobierno ejerció las atribuciones del modo y forma que en ese momento cuestionó. Tengo la impresión y cada uno se tiene que hacer cargo de la estrategia, que la estrategia de la oposición estando en Contraloría como en el TC se ha transformado en una que es demoler la institución del indulto”, explicó.

En ese sentido, señaló que “creo que hay que tener cuidado, porque uno puede estar en desacuerdo con dos o tres indultos y otra cosa muy distinta es demoler una institución constitucional y legal que se ha ejercido por muchísimos años”.

El titular de Justicia afirmó que de tener éxito lo que está llevando a cabo la oposición “compromete no solamente estos indultos, sino que también compromete otros indultos que se han otorgado en el pasado”.

“Si estos decretos son ilegales por la manera que señala la oposición, no es muy distinto sostener entonces que aquellos que se ejercieron en el pasado también lo son y mi responsabilidad como ministro de Justicia hoy día ya no es solo defender la potestad del Presidente de la República en este caso, es defender la institución del indulto y el ejercicio de ella desde el retorno a la democracia”, sostuvo.

Consultado respecto a prosperar la intención de la derecha se podrían cuestionar los indultos otorgados por administraciones pasada, Cordero mencionó que “se abriría una discusión jurídica”.