La Cámara de Diputados aprobó una vez más, por 15 oportunidad, la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, el cual lleva más de 230 días de aplicación.

Durante este período se ha registrado una disminución del 40% de los casos con respecto al año anterior en las provincias bajo el decreto. Además, al 2 de enero, se han detenido a 288 personas, de las cuales, el 25% ha sido por robo de madera, de acuerdo a la evaluación que ha hecho el Gobierno.

De esta forma, la nueva solicitud del Presidente Gabriel Boric al Congreso fue aprobada por 91 votos a favor, 32 en contra y 23 abstenciones, y que pasó ahora a consideración del Senado.

Como en los casos anteriores, la medida se implementará en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío. Asimismo, regirá por otros 15 días.

Cabe recordar que la primera dictación de EECE fue el 16 de mayo de 2022 (decreto supremo 189). Luego, el Gobierno realizó una primera prórroga (DS 199) y, posteriormente, solicitó el parecer del Congreso Nacional para concretar su extensión. Esto, cumpliendo con el ordenamiento constitucional que exige este procedimiento.

Tras la aprobación de cada solicitud, la prórroga se materializó a través de otros 14 decretos supremos. El último vence el 11 de enero. Así, la presente extensión regirá seguidamente, de ratificarse también en el Senado.

Posturas parlamentarias

Una de las principales preocupaciones expresadas apuntó a la necesidad de proteger el proceso de cosecha. Se recordó que un importante porcentaje del trigo producido en el país proviene de la región de La Araucanía. De tal modo, su protección es una prioridad para todo Chile.

Igualmente, varias intervenciones llamaron a actuar con dureza, aunque también se reconocieron algunos logros. En particular, se valoró la desarticulación de algunas bandas, pero se pidió ir evaluando de forma dinámica la aplicación del EECE comuna a comuna, agregando o sacando algunas conforme a su situación.

La situación del norte del país también fue objeto de varias exposiciones. Se remarcó que esta zona es la puerta de entrada de la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular. En tal plano, se pidió aumentar el control fronterizo. Junto a ello, decretar un estado de excepción en dichas regiones e incrementar la presencia policial.

Argumentos del Ejecutivo

En representación del Gobierno expuso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en reemplazo de la ministra Carolina Tohá, quien se excusó ante el Hemiciclo de no asistir al debate por estar defendiendo en el Senado el proyecto de infraestructura crítica.

Según se adelantó, la propuesta permitirá el accionar de las FFAA en materias de control fronterizo.

Monsalve indicó que, a esta materia, se suma un plan para mejorar la habitabilidad de los puestos en las fronteras, que calificó de precarios. Además, ello se complementará con nueva tecnología, como la instalación de cámaras infrarrojas.

Respecto del sur, aseguró que el Plan Cosecha Segura es una preocupación del Gobierno. Informó que, adicionalmente, se materializará un nuevo seguro para la protección de los camiones que transitan por la zona. Este será entregado a través de BancoEstado y cubrirá hasta la pérdida total de la carga por ataques por razones políticas.

Por último, entre otros datos, recordó todos los proyectos en trámite o ya despachados para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Del mismo modo, comprometió un plan de reforzamiento adicional al accionar del Ministerio Público desde Arica a la región de Coquimbo.