La derecha no cesa en su empeño de cuestionar y criticar a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, especialmente en la gestión que está desarrollando y que la han llevado a ser ataques por la “delincuencia” e “insalubridad” de la comuna. En ese sentido, diputados de RN solicitaron a la Contraloría General que investigue la legalidad de un acto público en donde se dio a conocer la Reforma de Pensiones.

Los parlamentarios señalan que Hassler convocó el jueves 22 a una centena de vecinos de la comuna a una jornada para “dar a conocer la reforma de pensiones” y que contó, además, con la presencia de las ministras Camila Vallejo y Jeanette Jara, vocera de Gobierno y del Trabajo, respectivamente. La grave situación incluso fue catalogada por la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, con la siguiente frase: “Caminar por el centro de Santiago es lo más parecido a una suerte de tour por el Far West”.

Para los diputados RN, María Luisa Cordero, Miguel Becker y Bernardo Berger, la convocatoria realizada por Hassler a un “Diálogo ciudadano sobre proyecto de ley del nuevo Sistema de Pensiones” estaría fuera de las potestades de un municipio.

“Estos parlamentarios desean manifestar su inquietud en relación a la legalidad del gasto y a la eventual infracción del principio de probidad”, señalan en el oficio enviado al Contralor General de la República, a quien piden investigar esta situación.

Cordero, Becker y Berger destacan que Irací Hassler pasó a llevar el principio de probidad administrativa, principalmente porque a un municipio no le corresponde llevar a cabo convocatorias para dar a conocer, en este caso, una reforma que aún está siendo discutida en su “primer trámite legislativo” en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Cordero afirmó que “la alcaldesa no solo desatiende necesidades urgentes de una comuna que está atravesando la crisis de seguridad e insalubridad más grave de las últimas décadas, sino que dispone arbitraria y políticamente de instalaciones municipales para actividades en las que militantes de su partido entregan una visión parcial y sesgada de una reforma que genera grandes dudas y que no ha pasado ni siquiera el trámite de comisión (del Trabajo)”.

En esa línea detallan que la convocatoria fue sesgada, porque la alcaldesa Hassler (PC) citó, además de Vallejo y Jara -ambas de militancia comunista – a la jefa de la división de organizaciones sociales, Javiera Hausdorf (PC). En la instancia participaron también las parlamentarias Alejandra Placencia (PC) y Emilia Schneider (oficialista), entregando una sola visión del cambio de sistema de pensiones que pretende llevar adelante el Gobierno de Gabriel Boric.

Por su parte, Becker dijo que Hassler “tiene problemas más importantes de los cuales ocuparse, y que son sustantivamente más relevantes para sus vecinos. Andar preocupada de facilitar el aparataje municipal para publicitar una reforma que ni siquiera ha sido votada en comisión, no solo es inaceptable, sino que colisiona contra la legalidad y la probidad que debe informar la función pública”.

El parlamentario coincidió en que los municipios deben satisfacer necesidades sociales, “y no destinar esfuerzos y recursos para sostener al Gobierno. Acá estimamos hay faltas a la probidad producto de un uso irregular de personal, recursos y dependencias municipales, junto con una desconexión total de las demandas de los santiaguinos que, en muchos casos, están prefiriendo emigrar de la comuna producto de la suciedad y la delincuencia”.

El oficio señala que el acto llevado adelante por la jefa municipal podría verificar “un uso ilegal de recursos públicos destinado a favorecer la agenda legislativa del Gobierno”, lo que derivaría en una “infracción especial a la probidad administrativa”.

Finalmente, se pide a la CGR que solicite los antecedentes al municipio por el acto realizado, disponga “los procesos disciplinarios que con ocasión de lo resuelto pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.