Este lunes la Asociación Nacional de Fiscales, anunció el paro total de actividades del Ministerio Público por no ser considerados en la ley de reajuste de sueldo del sector público 2023.

Los Fiscales, acusan “discriminación” de parte del ejecutivo en la decisión de no incluirlos, al igual que al Colegio Médico y los gremios del sector Judicial, en la iniciativa que reajusta en 12% los salarios de los funcionarios públicos que tienen un sueldo desde los 2,2, hasta los 4 millones de pesos, recibiendo un reajuste fijo por 264 mil pesos.

“La señal que da el Gobierno no solamente es una señal de desprecio por los profesionales del Estado, es un mensaje para que se vayan y que no opten por el servicio público”, acusó el presidente del gremio de persecutores, Francisco Bravo, en el inicio de las paralizaciones.

«No podemos entender aún que el Gobierno, en una señal de menosprecio, no considere a los fiscales en el reajuste del 12% en que se consideró al 89% de los trabajadores del Estado«, expuso.

Además, anunció el apoyo de los defensores públicos a la movilización, enfatizando que «no es sólo un menosprecio a los fiscales, sino también a los defensores que hoy se suman a este paro, también a los jueces y a todos los profesionales del sector público, esta señal de menosprecio no la podemos aceptar», agregó.

«Así no se cuida a la fiscalía«, sentenció Bravo.

Además, Bravo aprovechó para emplazar a las ministras de Justicia y de Trabajo, Marcela Ríos y Jeannette Jara, recalcando que las motivaciones del paro, no serían por un “aumento de las remuneraciones”, e insistiendo que las demandas no serían revisadas en una futura mesa de trabajo como lo habría informado la ministra Jara.

“Esto no tiene que ver con un aumento de remuneraciones como señaló falsamente la ministra de Justicia, esto es simplemente exigir un trato igual para todos los trabajadores del Estado”, reveló.

“Y no es cierto, como lo dijo la ministra del Trabajo, que la situación de los fiscales se vaya a ver en una mesa en mayo, esa mesa es para otros efectos que tienen que ver con dotación, no tiene que ver con aumento de remuneraciones”, agregó.

Como consecuencia del paro, más del 85% de las audiencias agendadas no podrá llevarse a cabo, ya que solo se realizarán audiencias consideradas urgentes o “éticamente necesarias”, como aquellas sobre casos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual u otros que involucren a niños, niñas y adolescentes.