Codelco y la Contraloría General pusieron fin a un conflicto judicial que se prolongaba por cinco años, firmando un convenio de colaboración suscrito entre las entidades y formalizado por el contralor Jorge Bermúdez y el presidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco, el cual busca resguardar el principio de probidad, la condición de empresa del Estado y la naturaleza comercial de sus operaciones que desarrolla en un mercado competitivo.

Bermúdez valoró la suscripción del convenio y destacó el esfuerzo conjunto de ambas instituciones para destrabar la causa judicial.

“Esta es una buena noticia para Chile, porque gracias al diálogo y a la voluntad de buscar soluciones estamos poniendo fin a una disputa judicial, y lo más importante, estamos trabajando en conjunto para reforzar los estándares de probidad y transparencia en la empresa pública más importante de Chile”, dijo.

Entre los principales aspectos estipulados en el convenio de colaboración, el organismo contralor reconoce los avances significativos logrados por la compañía desde la dictación del Informe Final N°900 de 2016, respecto de sus mecanismos de contratación y las modificaciones en la normativa interna, lo que ha permitido fortalecer y elevar el estándar de probidad en sus distintos procesos.

“Estoy tremendamente orgulloso de la firma de este convenio que, sin duda, fortalece a Codelco y la relación de colaboración con la Contraloría. Esto nos permitirá seguir avanzando en probidad, transparencia e integridad, como lo ha estado haciendo la compañía y su gente en estos años”, señaló Pacheco.

En términos generales el convenio establece que Codelco se compromete a cumplir con una serie de requisitos para la suscripción de contratos con partes relacionadas, en casos calificados. Las exigencias incluyen la existencia de un evidente beneficio para Codelco; que las operaciones se ajusten a las condiciones de equidad que habitualmente existen en el mercado; que la aprobación fundada del directorio explicite estos requisitos; y que los antecedentes de estas operaciones sean depositados en un repositorio que se creará para este fin.

El repositorio en el que se registrará esta información será electrónico y Cochilco y la CGR tendrán acceso expedito a él, a través de sus fiscalizadores especialmente mandatados al efecto, cuando ejerzan sus atribuciones conforme a la ley.

Por otra parte, la Contraloría colaborará con la minera en la verificación de las declaraciones de intereses, patrimonio y parentesco de sus directores y ejecutivos (as) superiores, de modo que la empresa active las medidas correctivas pertinentes.