Por una amplia mayoría de 86 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara apoyó, nuevamente, la solicitud presidencial para extender la aplicación de un estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur, el que regirá para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío.

En el debate participaron los parlamentarios Miguel Ángel Becker (RN), Flor Weisse (UDI), Miguel Mellado (RN), Stephan Schubert (IND), Cristián Labbé (UDI), Johannes Kaiser (IND), Henry Leal (UDI), Bernardo Berger (IND), Jorge Alessandri (UDI), José Carlos Meza (PREP), Enrique Lee (IND) y Jorge Rathgeb (RN).

En las intervenciones hubo llamados a ampliar la cobertura del EECE en zonas del sur de país, como también a extender la medida al norte.

Entre los aspectos destacados, puntualizaron que los atentados han seguido pese a esta medida y se lamentó que el blanco de los que consideran “terroristas” afecta, ahora, a parques nacionales y emprendimientos turísticos.

En este sentido, manifestaron la relevancia de mantener esta herramienta. No obstante, hubo críticas a la ausencia de reuniones que permitan sacar adelante proyectos que permitan hacer surgir a La Araucanía.

Asimismo, lamentaron la ausencia del Estado en determinadas actividades y se señaló que los delincuentes siempre van más adelante, planteando que los hechos están lejos de ser erradicados, pese a las 13 declaraciones de EECE.

Ejecutivo

Para dar respuesta a los comentarios, expusieron las ministras de Defensa y del Interior, Maya Fernández y Carolina Tohá, respectivamente.

Fernández valoró el actuar de las FFAA y aseguró que están dando un apoyo reforzado para el plan “cosecha segura”, añadiendo que están realizando operativos de escolta para obras viales, para guardaparques y reservas y para apoyar la labor de fiscalización del SII y la Conaf, y destacando que hay un fuerte avance en materia de coordinación con Carabineros.

Por su parte, la jefa de gabinete remarcó que el EECE es una herramienta efectiva, pero para ciertos fines y objetivos, alertando que no se espera con ella resolver todos los problemas. Argumentó que, por ello, el Gobierno avanza en líneas paralelas, teniendo como meta recuperar el normal funcionamiento del Estado chileno.

Destacó los avances en el desbaratamiento de bandas que actúan bajo la excusa de reivindicaciones. Sostuvo que se van atacando sus vías de financiamiento para controlar su actuación. En este contexto relevó el trabajo investigativo, policial y de justicia, así como al nuevo Consejo contra el crimen organizado.

Dados los buenos resultados de la Ley sobre robo de madera, anunció que se ingresará a trámite una propuesta para atacar delitos similares. Por ejemplo, el robo de ganado, salmones y cables de cobre. Otra iniciativa será reflotar el tema de infraestructura crítica, indicando que será algo parecido a lo que acontece cuando las FFAA actúan para proteger los procesos eleccionarios.

Respecto del norte, comentó que hubo un reforzamiento a las fiscalías de Tarapacá y de Arica y Parinacota. Del mismo modo, habrá más controles en las fronteras. Para ello se usarán métodos remotos y cámara térmicas. Acotó que ello ya ha permitido que bajara a menos de un tercio los ingresos ilegales al país. En todo caso, reconoció que preocupa la situación de Perú e informó que hay conversaciones diplomáticas con Bolivia para abordar la temática migratoria ilegal.

Fundamentos para seguir con el EECE

El estado de excepción en la macrozona sur se fundamenta en la violencia que continúa afectando a los habitantes de la zona. Según la solicitud, esta situación afecta el orden público y la vida e integridad física de los habitantes y trabajadores/as de esas regiones.

Asimismo, se expresa que esta situación complica el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas del territorio.

Se resalta que el estado de excepción ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Su consecuencia directa se expresa en efectos positivos en pro de disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.

Pese a lo anterior, se alerta que las circunstancias que motivaron la declaración de estado de excepción aún subsisten. En tal plano, se estima necesario su prórroga por otros quince días. Se espera con ello facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto a los DDHH.

Cabe recordar que la primera dictación de EECE fue el 16 de mayo de este año. Luego, el Gobierno realizó una primera prórroga y, posteriormente, solicitó el parecer del Congreso Nacional para concretar su extensión. Esto, cumpliendo el ordenamiento constitucional que exige este procedimiento.

Tras la aprobación de cada solicitud, la prórroga se materializó a través de otros doce decretos supremos y el último vence este 12 de diciembre y la presente extensión regirá seguidamente, de ratificarse también en el Senado.