Luego de tres meses de discusiones estériles, golpeteos de mesa, rabietas y subidas por el chorro, Sus Graciosas Señorías y partidos políticos -sin considerar al Soberano- llegaron al acuerdo para el Proceso Constitucional, que esperemos no sea una pantomima más de la mal llamada clase política para no cambiar nada y mantener sus mullidas poltronas y privilegios versallescos, porque la realidad demuestra que los políticos dicen una cosas, piensan otra y hacen otra, es decir son poco confiables.
Así, este lunes -en una de esas iluminados por el espíritu de la Navidad- con la rimbombancia de siempre los «señores políticos» emitieron un documento de cinco página bajo el título: «Acuerdo por Chile» que en su introducción señala:
«Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile. Estamos conscientes que hay urgencias –sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros – así como temas importantes como la modernización del Estado y reformas al sistema político-electoral, a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, con mesas de trabajo y propuestas concretas, comprometiendo al órgano constitucional a considerarlas».
La propuesta estipula que el camino al calvario -porque no será un caminar sobre pétalos de rosas- comenzará en enero de 2023, cuando se instale la Comisión Experta que acompañará al Consejo Constitucional. En abril de 2023, se llevará a cabo la elección -obligatoria- de los consejeros y consejeras constitucionales. Una vez definidos los integrantes del nuevo órgano, el 21 de mayo se instalará el Consejo Constitucional. El ente, tendrá cinco meses para redactar la propuesta, dado que el 21 de octubre del próximo año se entregará el proyecto de Constitución de la República, para que el 26 de noviembre de 2023 se realice un Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.
