El Gobierno anunció que ingresará al Congreso un proyecto que busca dar un nuevo formato para aplicar el estado de excepción constitucional, el cual busca una renovación cada 60 días y no cada 15 como es actualmente, como también la presentación de informes quincenales en el Parlamento. Sin embargo, donde muchos diputados coinciden en su molestia es que el Ejecutivo intente “baypasear” a la Cámara presentado la iniciativa en el Senado.

Para el diputado republicano, Mauricio Ojeda, la propuesta del Ejecutivo “no es ningún aporte, básicamente para mí es olvidarse del problema, de los encapuchados, del terrorismo durante 60 días. No han presentado siquiera un plan en materia de seguridad en ocho meses y lo que quieren es no venir al Congreso a dar las explicaciones que son absolutamente necesarias”.

A su vez, el subjefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, señaló que analizarán con cuidado el proyecto, ya que a su juicio este “debe hacerse cargo no solo de la extensión de tiempo que ha planteado la ministra, sino de enfrentar el terrorismo y la delincuencia que azota la macrozona sur de forma eficiente”.

“No puede ser que a través de este estado de excepción dejemos de lado a las personas que están siendo afectadas por estos hechos de violencia”, precisó.

En tanto, la diputada UDI, Flor Weisse, también coincidió con su colega de Evópoli en el sentido de estudiar muy la propuesta, añadiendo que “hasta ahora se ha estancando la baja en los delitos, nos hemos acostumbrado a una cifra que es el 46% de baja en los atentados de cuándo se inició el estado de excepción y tiene que haber un vuelco en cómo se está operativizando el estado de excepción y necesitamos saber cuál es la tecla que va a apretar el Gobierno”.

En cuanto al plazo de renovación, aseguró que “más allá de eso, que es un tema más bien administrativo me parece que lo importante es ver cuál va a ser efectivamente el comportamiento y el trabajo de las fuerzas en el territorio”.

Por su parte, el diputado RN, Miguel Becker, sostuvo que ya le habían comentado a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que no les parecía esta nueva alternativa, “porque le quitan algunas facultades que tiene el jefe de la fuerza en la macrozona sur y en ese sentido, creo que es una medida equivocada por parte del Gobierno, yo prefiero que se mantengan las atribuciones y podamos entonces que el general a cargo de la zona o el jefe de la fuerza de la macrozona sur pueda tomar decisiones con mayor rapidez y no tenga que venir a pedir autorización al Congreso”.

Becker dijo que esperaba que esta propuesta fuera rechazada en el Senado, afirmando que “espero que el Gobierno entienda y no se tomen medidas que pueden debilitar la posición de las FFAA para el control del orden en la macrozona sur”.

El diputado RN, Jorge Ragbeth, coincidió con Becker en el sentido que hubo una reunión con la titular del Interior, “donde se nos planteó esta iniciativa, donde se aumenta el plazo de renovación por 60 días, pero no va restringido el derecho a reunión y a desplazamiento. No hubo buena recepción a la propuesta y ella quedó de presentar una nueva iniciativa”.

“Entendemos que el Gobierno haya presentado el texto en el Senado y no en la Cámara de Diputados, porque sabemos que parlamentarios oficialistas no están de acuerdo. Partieron por el Senado, porque tienen mejor recepción y porque muchos de sus integrantes no captan la intención que tiene el Ejecutivo de baypasear a la ciudadanía”. Explicó.

Y agregó que que gran parte de los habitantes de la Macrozona Sur “quieren mayores facultades y no restringirlas”, y recordó que la Cámara de origen debe ser la de Diputados y no el Senado.

Asimismo, José Miguel Castro (RN), mencionó que “lo importante es ver que tenga buenos resultados” y que se le dé el respaldo “a quienes están efectuando y haciendo el Estado de Excepción y de esa forma tengamos los resultados que tanto queremos”.

Finalmente expresó su esperanza de que el gobierno se allane a declarar Estado de Excepción en otras regiones “totalmente abandonadas, como es el norte de Chile donde el sicariato y el secuestro son formas de violencia que se están viendo, y que son totalmente nuevas. Un Estado de Excepción podría servir. Algunos parlamentarios del norte vamos a seguir votando en contra, porque nuestra gente necesita ese tipo de medidas”.

En tanto, desde la vereda del frente el oficialismo ve con buenos ojos la propuesta del Ejecutivo y para el diputado (PPD-Indep), Jaime Araya, la idea del Gobierno “es una solución práctica e inteligente, nos ahorra este rito quincenal de venir a pedir aprobación para el estado de excepción y lo que persigue es que en 60 días se puede hacer una planificación en el territorio de las operaciones para contener los eventos”.

Sin embargo, desde este sector también hay voces disidentes como lo planteado por el jefe de la bancada PS, Marco Ilabaca, quien manifestó la molestia respecto a que el Gobierno intente eludir a la Cámara presentando el proyecto a través del Senado.

“Tenemos que encontrar una herramienta adicional que permita enfrentar los graves hechos que hoy vivimos en la macrozona sur. Pero que el Gobierno intente tratar de saltarse el Congreso por 60 días creo que es excesivo, y allá tengo un punto que abordaremos cuando el Gobierno presente el proyecto de ley y llegue a la Cámara”, mencionó.