Tras conocerse la respuesta de la Contraloría General de la República a una petición de los diputados RN, Andrés Longton, Camila Flores y Diego Schalper, en contra de la resolución exenta N° 3925 de 2020 que permitió al gobierno anterior y al actual, entregar beneficios extra penitenciarios a presos mapuches, los parlamentarios de la derecha pidieron a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, que adopte las medidas dispuestas en el dictamen del órgano contralor y deje sin efecto dichos beneficios, amenazando que de no hacerlo la acusarán constitucionalmente.

El documento detalla que “ejerceremos las acciones constitucionales para perseguir la responsabilidad jurídico-constitucional de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, considerando el agravante que, fueron reiteradas las ocasiones en que advertimos de esta ilegalidad”.

En el oficio, los parlamentarios solicitaron a la secretaria de Estado «requerir del Director Nacional de Gendarmería de Chile la supresión o derogación de la resolución exenta N° 3925 de 2020”. Esto se traduce en que deben eliminarse “todos los beneficios, permisos y traslados que se otorgaron en base a las normas prescritas por la citada resolución exenta”.

Se afirma que si bien cabe responsabilidad de quienes ejercieron la jefatura del ministerio en el gobierno anterior, “el dictamen del órgano contralor cae en este gobierno, y de ahí que sea esta Ministra de Estado la llamada a adoptar medidas”.

Además, se hace notar que recae en la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, “la supervigilancia respecto del sector justicia en virtud de la ley orgánica de la cartera”.

Tras conocer el escrito, el jefe de bancada de diputados de RN, Andrés Longton, afirmó que “la Contraloría acaba de encontrarnos razón. La resolución por la cual se basaron los beneficios penitenciarios contra reos condenados en Angol, y otros beneficios entregados a reos mapuches, es ilegal”.

Y destacó que la misma respuesta de la CGR además consideró la huelga de hambre como una falta grave, algo que no se puede alterar resolución exenta.

Longton señaló que «esperamos que la ministra de Justicia, quien dio lo beneficios penitenciarios para trasladar a estos reos a un centro de educación y trabajo, deje sin efecto los mismos porque se dictaron contra ley, bajo una resolución que no está amparada en la normativa vigente”.