“Urgencia calificada de discusión inmediata”, pidió el diputado Leonardo Soto (PS) al proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección al denunciante de corrupción luego que un excapitán de Carabineros denunciara que fue dado de baja de la institución por investigar al hijo del general (r) Claudio Nash, Sebastián Nash, por contrabando de vehículos entre 2014 y 2015.

“Solicité al Gobierno darle urgencia al proyecto que establece un nuevo estatuto de protección al denunciante de corrupción, que está durmiendo desde marzo en Comisión Mixta. Muy importante para combatir redes como la que habría funcionado en Carabineros para buscar la impunidad del hijo de Nash”, expresó el parlamentario.

En el oficio remitido al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el diputado Soto puntualizó que el proyecto modifica la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para “promover que funcionarios públicos realicen denuncias de los delitos y actos irregulares que tengan conocimiento, ampliando y fortaleciendo la protección de estos para dar cumplimiento a su deber de denuncia, y reforzando con ello el principio de probidad que rige en toda la Administración Pública”.

Además, resalta que “resulta de especial importancia para el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden, en las que se han registrado durante los últimos años múltiples hechos de corrupción, persecución y hostigamiento de denunciantes, siendo el último conocido la denuncia pública realizada por un excapitán de Carabineros, quien indica que fue dado de baja por investigar los ilícitos en los que habría participado el hijo del general (r) de Carabineros Claudio Nash, mientras este último era jefe de la Zona Policial de Tarapacá”.

Para el legislador, “resulta fundamental para resguardar la probidad y el debido ejercicio de la función pública dar discusión inmediata al mencionado proyecto de ley, dando protección a los denunciantes e incentivándolos a denunciar sin temor a represalias por parte de sus superiores, lo que en definitiva permitirá fortalecer tanto el conocimiento, persecución y sanción de los actos de corrupción, como la legitimidad social del régimen democrático y de las instituciones del Estado”.