En la recta final del plebiscito los senadores de todas las bancadas han sacado sus garras y han dejado entrever que lo que viene desde el 5 de septiembre es su venganza luego de estar al borde de la desaparición en la Cámara de las Regiones que propuso la Convención Constitucional, quizás su única preocupación real, porque lo que han defendido los parlamentarios de la Cámara Alta ha sido justamente su superviviencia y que mejor ejemplo lo que dijo ayer el sempiterno senador de RN, Francisco Chahuán quien, con total desparpajo, sostuvo que “nos parece muy bien que cualquier acuerdo tiene que construirse entre los distintos sectores y actores, en el parlamento«.

En esta misma línea están los senadores de la DC, Matías Walker y Ximena Rincón, que se han lanzado en picada contra la propuesta de nueva Constitución que delineó el fin del Senado el 14 de abril pasado. Pero quien también apoya esta idea de que sea el Congreso donde se redacten las reformas a la Constitución es el PPD Raúl Soto el cual además es el presidente de turno de la Cámara Baja:  «el Congreso tiene plena legitimidad para hacer cambios y reformas con las reglas del juego que plantea la nueva Constitución». 

En esta estrategia de mantener el control político no hay oficialismo ni oposición; los parlamentarios han hecho causa única la defensa de su reducto lo que sin duda generará la indignación ciudadana, porque una de las causas de la crisis política es la mala evaluación que hay del Parlamento en su conjunto que, por ejemplo, tarda más de una década en sacar leyes de interés general pero tarda horas en sacar proyectos que los benefician a ellos.

Incluso recordar lo que han sido las bochornosas votaciones para aumentarse las dietas, ya que en pocos minutos todos los «honorables» emiten su sufragio rápidamente y todos alineados con lo que más les conviene, mientras que leyes que van en beneficio de la ciudadanía aun esperan en el «baúl de los recuerdos» para que en alguna ocasión, si se dignan a revisarlas, se discutan. Además, también rememorar la cuestionada Ley de Pesca o mal llamada «Ley Longueira«, donde la prensa dio aviso de lo que estaba detrás de ella, y en la senadores sucumbieron ante las grandes pesqueras que pagaron por sus servicios para que la normativa se hiciera como un traje a la medida para las empresas.

Y sin alejarnos mucho de la misma ley, lo último también ocurrió en la Cámara Alta donde la Comisión de Pesca tuvo un accidentado inicio al no asistir ninguno de los «honorables» a la sesión que comenzaría la discusión para su derogación, quienes dieron distintas razones para justificar su inasistencia. Incluso el senador UDI, Iván Moreira, cuando por fin se comenzó el debate en la comisión, con total desparpajo se abstuvo de votar, argumentando que la idea de anular la idea de terminarla es «inconstitucional«.

Bloomberg publicó a inicio de año un estudio comparativo de los costos de los congresos latinoamericanos siendo el de Chile el más costoso: Para el 2021, el Congreso chileno tuvo una asignación de CLP$130.594 millones (US$150,52 millones), siendo la Cámara la de mayor gasto de funcionamiento, según el presupuesto general para ese año.

Cabe recordar algunas de las argumentaciones que usaron los convencionales a la hora de defender el fin de la Cámara Alta. Por ejemplo el convencional Jaime Bassa (FA) aseguró -ese día- que con esta propuesta nueva se establece “un Congreso representativo y eficaz, junto con un procedimiento legislativo democrático permitirán que la ley sea una genuina expresión de la voluntad popular. Esta propuesta derriba brechas de exclusión de la ciudadanía, que por décadas han alejado a las personas del ejercicio del poder formal”.

En esta misma línea Marcos Barraza (Chile Digno) argumentó: “La arquitectura propuesta en este sistema político busca superar el status quo” y “dejar atrás la corrupción y los privilegios de las elite y de los grupos económicos que se niegan a abrirles espacios al pueblo”.

El mayor problema para moros y cristianos, sin embargo, radica en que la cacareada Cámara de las Regiones tampoco tiene límites demasiado claros en su composición, haciendo temer que, pese a la disminución de su peso político, termine transformándose igualmente en un sumidero de recursos económicos a causa de la burocracia que surgirá y medrará a su alrededor. Y con menos importancia, la justificación de tamaños gastos sea aún menos defendible que en el caso de la actual corporación que ha sido tan eficaz en cometer suicidio de cara a la aprobación pública con su pobrísima y egoísta performance por largos años.