Un grupo de diputados RN, encabezados por el jefe de bancada Andrés Longton y el secretario general de la colectividad, Diego Schalper, llegaron una vez más hasta la Contraloría para pedir una investigación que esclarezca la legalidad del procedimiento y la resolución que concluyó con el traslado de presos mapuche al Centro de Educación y Trabajo de Angol.
“Es insólito que este Gobierno pretenda desentenderse de las decisiones que toma Gendarmería después de amenazas de muerte, tomarse la cárcel y huelgas de hambre. El Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería, opta por darles beneficios a tres condenados mapuches, no solo atentando contra la igualdad ante la ley, sino que validando y legitimando las amenazas de muerte y las presiones indebidas”, dijo Longton.
Y agregó que lo que resulta más insólito aún “es que se firma un acto de acuerdo con la persona que lideró estas amenazas y que forma parte de organizaciones radicales que se ha adjudicado a tentados terroristas con el Director de Gendarmería. El Estado al servicio de los delincuentes. El Estado al servicio de quienes por la fuerza instan al Gobierno a ceder ante las presiones indebidas, desprotegiendo a la ciudadanía y a los funcionarios de Gendarmería”.
Asimismo, se preguntó sobre “¿qué va a pasar el día de mañana cuando otro grupo de presión tome la cárcel? ¿Los van a liberar y entregar beneficios solo por ser mapuches? ¿Dónde quedó la igualdad ante la ley? ¿Qué va a pasar después del 4 de septiembre cuando tengamos servicios de justicia paralelos? Lo qué pasó es tremendamente grave y le pido a la ministra que no se desentienda porque Gendarmería depende de ud, ministra. Si ud no determina las responsabilidades administrativas, disciplinarias y eventualmente penales, ud va a tener que asumir esa responsabilidad”.