Esta semana, la Superintendencia de Medioambiente revocó tres permisos a Nova Austral por grave daño a Parque Nacional en Magallanes. Asimismo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt falló a favor de medioambientalistas y ordenó a la empresa Ventisqueros a entregar información detallada de sus procesos productivos. 

Tras darse a conocer la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que revoca permisos ambientales de 3 centros salmoneros de la empresa Nova Austral en Magallanes, Greenpeace se mostró conforme y esperanzado con una resolución inédita por parte de la entidad gubernamental. 

“La decisión de revocación de la RCA no sólo es correcta, sino que era urgente: los ecosistemas no dan para más y la empresa Nova Austral no sólo ha vulnerado la ley produciendo más salmones de los permitidos, sino que también ha alterado los fondos marinos, ha falsificado la información de mortalidades de salmón y han sistemáticamente mentido e intentando ocultar sus violaciones graves a la normativa vigente”, explica Estefanía González, Coordinadora de Campaña de Greenpeace.

La sanción se genera en el marco de 3 procedimientos sancionatorios iniciados en el año 2019 en los centros de cultivo de salmónidos Canal Cockburn 14, Canal Cockburn 23 y Aracena 10 por sobre producción de salmones identificándose faltas graves. La revocación de la Resolución de Calificación Ambiental implica que la empresa ya no tiene permiso para operar dichos centros.

“Esta si es una sanción ejemplificadora, ya que las multas han demostrado no servir: empresas previamente multadas por faltas graves y gravísimas continúan generando desastres ambientales. Tenemos que recordar que los hechos denunciados por organizaciones ambientalistas y comunidades a lo largo de esta década, no son accidentes ni inconvenientes: son decisiones que la empresa Nova Austral tomó, de pasar por sobre la ley y engañar al Estado, la ciudadanía y al país completo. Lo mínimo, es que se les quitaran los permisos ambientales de operación, en un área que además es Parque Nacional”, enfatizó González. 

De acuerdo a la SMA en los 3 centros se comprobó que el fondo marino estaba sin vida y que la empresa debido a la sobreproducción generó 3.718 millones de ganancias ilícitas. 

“Se generaron miles de millones ilegalmente y a costa de la destrucción de la vida marina y del medio ambiente. Esto no puede ocurrir nunca más y esta resolución es el primer paso hacia el fin de la impunidad de esta industria contaminante con el medioambiente y dañina con las comunidades que ahí habitan”, sentenció la Coordinadora de Greenpeace. 

Justicia falla a favor de ambientalistas 

Asimismo, esta semana, en fallo reciente, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó la postura del Consejo de la Transparencia y ordena a la empresas salmoneras a entregar información detallada de sus procesos productivos en el fiordo Comau. La organización ambientalista, Greenpeace a través de su Coordinadora de Campañas, presentó un  recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que acogió la petición obligando a la entidad a entregar la documentación bajo la premisa de ser “de interés público”.  Esta situación llevó a las acuícolas,  Salmones Caleta Bay S.p.A., Frío Sur y Productos del Mar Ventisqueros S.A, a  presentar un “reclamo de ilegalidad” en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, entidad que rechazó el reclamo de la empresa Ventisqueros, exigiendo la entrega de los datos solicitados por la organización ambientalista.

“Mientras los tribunales nos dan la razón, las empresas que dicen querer ser «sustentables» esconden información básica como cuánto están sembrando, cuánto están cosechando y cuántos salmones se les mueren. Está claro que tienen mucho que esconder por lo cual le temen a la transparencia y obstaculizan la transparencia de la información. No vamos a permitir que esto siga ocurriendo y hacemos un llamado urgente a frenar el avance de las salmoneras en el país en un contexto de constantes desastres ambientales, falsificación de información por parte de la industria y un 50% de centros donde no queda oxígeno”, señaló Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace.