La Cámara de Diputados definió este martes la composición de la comisión que estará encargada de analizar la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, quedando conformada en su mayoría por parlamentarios de la derecha y solamente una del oficialismo.

Tras darse cuenta de la presentación del libelo acusatorio ante la Sala, la Corporación inició el sorteo. Así se determinó la participación de los diputados Christian Matheson (IND); María Candelaria Acevedo (PC); Natalia Romero (IND); Fernando Bórquez (UDI) y Cristhian Moreira (UDI).

Definidos estos pasos, comienza hoy a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, a la secretaria de Estado. Se establece con ello, la prohibición de salida del país mientras se desarrolla este proceso.

A partir de la notificación, la titular del Interior y Seguridad Pública tendrá diez días para presentar sus descargos ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.

La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación.

La acusación

La acusación constitucional fue ingresada a trámite el pasado 15 de junio, por parte de parlamentarios del Partido Republicano.

El texto se centra en la responsabilidad de la secretaria de Estado, en el fallido control de la delincuencia y los hechos de violencia. En esa línea precisa que Siches “por acción u omisión comprometió gravemente el honor y seguridad de la nación, infringió la Constitución y las leyes y dejo estas sin ejecución”.

En particular, la acusación constitucional ingresada contra de la ministra del Interior, la responsabiliza de la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur, específicamente por la situación en las provincias del Biobío y Arauco, y la Región de la Araucanía.

Cabe agregar que la ministra calificó la acusación en su contra como “absolutamente infundada”. En esa línea afirmó que puede ser una oportunidad para “mostrar lo que se ha hecho”.

La referida acusación constitucional solicita la destitución de la ministra y su inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, por un plazo de cinco años.