El Séptimo Juzgado de Garantía acogió a trámite y remitió a la Fiscalía la querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y en contra de todos que resulten responsables del delito de denegación o retardo de servicio, contemplado en el artículo 256 del Código Penal.

La acción judicial es por el colapso del transporte público durante el domingo de la segunda vuelta de la elección presidencial.

Rendón explicó que “lo ocurrido en materia de transporte fue de una tremenda gravedad y sin duda causó un daño a la participación electoral. Pese a que esta tuvo un aumento en relación a primera vuelta, debió ser mucho mayor si la ciudadanía hubiese contado con una provisión de transporte adecuada”.

“Este daño fue mitigado en parte por la actitud solidaria de la misma ciudadanía y por algunos alcaldes que contribuyeron con vehículos municipales al traslado de personas a sus locales de votación. Pero la responsabilidad del Gobierno es innegable y no puede descartarse incluso una operación, atendido que la mayor participación en las zonas urbanas favorecía previsiblemente al candidato opositor”, sostuvo.

El abogado dijo que la investigación de la Fiscalía deberá ahondar en tal punto, pero “lo concreto es que las autoridades gubernamentales no solamente no cumplieron con su deber de provisión y de fiscalización oportuna en una fecha tan relevante, sino que incluso, como fue el caso del subsecretario (Juan Francisco) Galli, trataron de descalificar las denuncias acerca de lo que ocurría, calificándolas de «fake news» y acusaron de «acarreo» a quienes trataban de cooperar”.

En ese sentido, Rendón señaló que “gracias a la responsabilidad y solidaridad ciudadana el daño no fue mayúsculo, pero se pudo haber enturbiado y deslegitimado irremediablemente el proceso electoral, con consecuencias imprevisibles. Nada de eso puede quedar sin esclarecer mediante una investigación independiente. Espero que Fiscalía cumpla ahora con su deber rigurosamente”.