El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, no la ha pasado muy bien en el último tiempo, ya que a los reparos hechos por la Contraloría General de la República tras responsabilizar a Yasna Provoste y Gabriel Boric por la violencia ocurrida en el segundo aniversario del estallido social, ahora el Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió multarlo con el 30% de su sueldo por negar la entrega de información en plena pandemia y revuelta social de 2019.

El fallo del organismo menciona que Galli ha “denegado infundada y reiteradamente la entrega de la información solicitada a la Subsecretaría del Interior, en los plazos y formas establecidos en la Ley N° 20.285”.

En ese sentido y de acuerdo a lo que informa Emol, el CPLT apunta al subsecretario y al jefe de la División Jurídica, Cristián García Huidobro y al jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio –hermano del vocero de Gobierno Jaime Bellolio- de entregar fuera de plazo la información solicitada.

Además, indica que que “la falta de respuesta dentro del plazo legal establecido para ello, implica una denegación infundada en la respuesta y en la entrega oportuna de la información en los casos en que no concurra una causal constitucional o legal de reserva o secreto”.

En ese contexto, Galli apelará a la medida y, de acuerdo a la información, “llegará hasta las últimas consecuencias ante la desproporción de la situación”.

Asimismo, desde el Gobierno afirman que hay molestia ante las sanciones por atraso en las respuestas, en “pleno estallido social y pandemia”.

Desde ese punto de vista, sostienen que entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021, se recibieron 4.629 solicitudes de entrega información y se “formularon cargos por solo 162 respondidas fuera de plazo, que es el 3% del total ingresadas”.

“En el contexto de pandemia y estallido hubo un aumento de requerimientos, donde el nivel de exigencia para la subsecretaría aumentó significativamente«, afirman.